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El nuevo país bajo la lupa es Irán. En una resolución aprobada ayer por consenso, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), que actúa en el marco de las Naciones Unidas, pide a Irán congelar “todas sus actividades de enriquecimiento de uranio y permitir el libre y completo acceso a sus inspectores y proveer todas las informaciones necesarias” y fijó como fecha límite el 25 de noviembre para el examen completo del programa nuclear iraní. El uranio puede tener uso civil o militar, dependiendo de su grado de enriquecimiento.
Según el director de la AIEA, Mohammed El Baradei, Irán debe suspender el enriquecimiento de uranio para devolver la confianza a la comunidad internacional, tras haber estado ocultando durante años sus actividades nucleares. “La Junta ha dejado claro que Irán debe cumplir con todas sus obligaciones legales, pero a su vez debe cumplir también con las medidas de creación de confianza”, dijo El Baradei. Agregó que es de “máxima importancia” que Irán continúe cooperando con el organismo nuclear. El texto, que fue apoyado por Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña, Francia y Alemania, fue aprobado después de un día de duras negociaciones y fijó los pasos y plazos a seguir antes de llevar el caso ante el Consejo de Seguridad, que tiene el poder de imponer sanciones. Estados Unidos acusa a Irán de querer desarrollar un programa de armas nucleares, pero Teherán rechaza la afirmación alegando que el programa nuclear tiene fines civiles, como la generación de energía eléctrica. También Israel ha denunciado que Irán se propone tener armas nucleares de aquí a cinco años.
El consenso también fue adoptado por los países no alineados y Brasil, que presentaron objeciones por temor a sentar un precedente, ya que el enriquecimiento del uranio es practicado con fines comerciales por muchos países.
Irán “continuará cooperando con la AIEA” para cumplir sus obligaciones en materia de no proliferación, declaró el portavoz iraní Hosein Musavian. Sin embargo dijo que su país no tomará una decisión sobre si continúa o no sus actividades de enriquecimiento de uranio “hasta dentro de dos o tres días”. El líder de la delegación iraní, Hossein Mousavian, alabó que la “troika” europea haya aclarado que “las medidas de creación de confianza (el enriquecimiento de uranio) no constituyen una obligación legal para Irán”. “Vamos a decidir en los próximos días sobre la suspensión (de enriquecimiento de uranio) que la Junta nos ha pedido”, aseguró el iraní y añadió que “el elemento principal de la suspensión, la introducción de material en centrifugadoras, está suspendido”. Sin embargo, un vocero del gobierno iraní, Mohammed-Resa Bahonar, dijo que “toda resolución de la AIEA que prohíbe a Irán la utilización pacífica de la tecnología nuclear es una seria infracción al Tratado de no Proliferación Nuclear e Irán podría por lo tanto seguir esto (ante la Justicia)”. Según el ex presidente iraní Akbar Hashemi Rafsanyani, Irán estará autorizado a someter la disputa a la consideración de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En una declaración en nombre de la Unión Europea, el embajador alemán Herbert Honsowitz subrayó que esta demanda no debe entenderse como una manera de “limitar el derecho de los estados miembros de utilizar la energía nuclear con fines pacíficos”. Irán tendrá que escoger entre “el respeto de sus obligaciones” de no proliferación nuclear y “el envío del dossier ante el Consejo de Seguridad de la ONU”, declaró la embajadora de Estados Unidos ante la AIEA, Jackie Senders.
Dependiendo de las respuestas que el OIEA reciba por parte de Irán, la Junta deberá decidir si se requieren pasos adicionales en relación con las obligaciones asumidas por Teherán conforme al TNP y con los llamamientos a suspender el enriquecimiento de uranio. Eso podría incluir –aunque no de forma automática, como lo exigía Estados Unidos durante las negociaciones– una denuncia de Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene los poderes para aplicar sanciones contra esa república islámica.