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Más que un cambio de hombres, el relevo de Alfonso Prat Gay de la presidencia del Banco Central podría marcar el fin de una época y poner en armonía la variable monetaria con el resto de la política económica. Así como los historiadores saben que pocos siglos empiezan o terminan cuando el calendario lo sugiere, los argentinos contemporáneos podríamos estar asistiendo al demorado final de la década de 1990. Eso parece ser lo que se desplegó en los últimos días, durante los cuales el financista cesante trató de torcer la voluntad presidencial en torno de decisiones básicas, que el Poder Ejecutivo decidió no modificar. En ese sentido, el desenlace consolida la relación del presidente Néstor Kirchner con su ministro de Economía, Roberto Lavagna, en cuya colección de cazador sigiloso ya figuraban las cabezas de dos antecesores de Prat Gay, Mario Blejer y Aldo Pignanelli. Pero con la de Prat Gay rodó también una concepción del rol del Banco Central inspirada en el Consenso de Washington y triunfal en la década pasada, cuyos principales exponentes fueron Roque Fernández y Pedro Pou y que convirtió a la autoridad monetaria en un remedo de la Reserva Federal de Estados Unidos, un país cuya libertad de acción debida al rol global de la moneda que imprime, los teóricos del corset prefieren soslayar. No es que Martín Redrado haya nacido ayer o que alguna vez haya combatido aquella lógica. Pero su biografía sugiere que de ahora en más cesarán los chisporroteos entre Hacienda y el Central. Menemista a su tiempo, duhaldista cuando convino, Redrado es definido entre quienes lo designaron como un militante del poder, sin ideología ni política, lo cual en esas esferas se menciona como un elogio. Lo que se discutió en estos días es quién manda. No sólo en términos de una rencilla doméstica entre funcionarios de un mismo gobierno, sino también en el sentido que se desprende del informe de las Naciones Unidas sobre la democracia, que Kofi Annan presentó la semana pasada en México: deciden los mandatarios electos por el voto popular o los organismos multilaterales de crédito, el capital financiero y los medios de comunicación que les sirven y que han desplazado a los partidos políticos (ver la nota ¿Quién manda? en esta misma página). Kirchner todavía resiste, mientras llega a la misma altura del mandato en que esos poderes quebraron a Alfonsín, en abril de 1985.
Las escaramuzas de estos días no pueden analizarse al margen de la brutal presión de los organismos multilaterales de crédito, del sector financiero y de su brazo mediático. El jueves, Lavagna explicó en el Congreso el proyecto de ley de presupuesto para 2005, que contiene un incremento de un tercio en el superávit primario. Esto es menos del que reclaman los organismos multilaterales pero de ninguna manera desdeñable. También mantiene el tipo de cambio en torno de los valores actuales, lo cual es mucho más alto de lo que pretenden los acreedores, pero bastante más bajo de lo que desean el ministro y el presidente (2,30 pesos por dólar quiere el Fondo y apoyaba Prat Gay; 3,05 marca el presupuesto; y entre 3,20 y 3,30 les gustaría a Kirchner y Lavagna). Horas después de la presentación de ese presupuesto el FMI anunció la prórroga de los vencimientos por mil cien millones de dólares que la Argentina debía cancelar hasta fin de año. La relación entre ambos hechos es inocultable. La explicación oficial, de que el aumento del superávit no se destinará a mejorar la oferta a los acreedores de la deuda pública en mora sino a pagar compromisos de la otra mitad que nunca entró en default, no alivia a la sociedad del mayor esfuerzo que esto le reclamará. El principio de bolsillo único también rige para la contabilidad social.
Insaciables
No obstante, el director-gerente del Fondo, Rodrigo Rato, exigió al Congreso revisar con mucho cuidado la ley de regulación de servicios públicos privatizados que el Poder Ejecutivo le remitió hace tres semanas y reiteró al Poder Ejecutivo su exigencia de mejora en la oferta a los bonistas. Estos son dos temas vinculados pero distintos. En cuando a la ley de regulación, Lavagna y el ministro de Planificación y Servicios, Julio De Vido, litigaron durante un año. Cuando elevaron su proyecto consensuado al Poder Ejecutivo, Kirchner lo descartó y volvió al texto original, que a pedido de De Vido elaboró el Area de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). El secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini, apenas lo retocó, con buena técnica legislativa y algunas perspicaces percepciones sobre los ritmos de la burocracia aborigen, que lo llevaron a suprimir algunas rígidas metas cronológicas. Más allá de alguna escéptica declaración de Lavagna (quien, sin embargo, firmó el proyecto) la presión de las empresas se desplazó al Congreso, donde el texto debe pasar por ¡diez comisiones! Pese a ello, el gobierno no prevé graves dificultades para su aprobación. Por lo que ha sabido hasta ahora los principales puntos de discordancia de las empresas son la aprobación previa del plan de inversiones y la responsabilidad de las casas matrices.
Una moneda, por favor
La oferta a los tenedores de títulos argentinos en mora fue uno de los principales temas que enfrentaron a Kirchner y Lavagna con Prat Gay. Cuando Lavagna hizo una estimación deliberadamente conservadora del crecimiento previsto, como parte de la estrategia frente las aves de rapiña de las finanzas internacionales que vuelan en círculos tratando de divisar algo apetecible, Prat Gay lo puso en evidencia con una frase mordaz. No fue el único golpe bajo al que acudió en esta lucha de desgaste. El gobierno nacional pensaba confirmarlo, lo mismo que a su vice Pedro Lacoste, pero con un directorio renovado que le pusiera límites a su autonomía. “Estamos hablando de la economía del país, la moneda no puede quedar al margen. El efecto más perverso de la convertibilidad es que nos privó de herramientas monetarias. No podemos repetir ese error”, le dijo el jefe de gabinete Alberto Fernández.
Prat Gay se quejó de que Lavagna lo condicionaba y reclamó mayor autonomía. Quedaron en seguir la conversación en la mañana del jueves. La semana anterior, la Secretaría de Hacienda había solicitado al Banco Central un anticipo de 1500 millones de pesos para hacer frente a distintos vencimientos. Los adelantos a la Tesorería están contemplados legalmente, y la devolución se realiza en un lapso de doce meses. Así había ocurrido en ocasión de los vencimientos internacionales de marzo, y Economía ya canceló esos adelantos. Pero esta vez, el Banco Central quiso hacer de la negativa un casus belli, aprovechando del momento delicado en la relación con el Fondo y con la mira puesta en la renovación del directorio. Prat Gay se negó al pedido. Economía redujo su pretensión a 1.200 millones, pero el banquero mantuvo su respuesta. “Ustedes tienen mucha plata escondida, saquen de allí”, dijo, con el estilo tajante que le ha valido conflictos con una gama de interlocutores de inconveniente amplitud. Recién en la medianoche de ese miércoles aceptó de mala gana adelantar 750 millones. En la mañana del jueves, Prat Gay redobló sus críticas a Lavagna y protestó contra los nombres de los nuevos directores que le comunicó Fernández (el radical storanista Miguel Pesce, Biagosch y dos pingüinos). Dijo que si quedaba en minoría eso lo debilitaría frente a Lavagna. Cuando Prat Gay terminó con los cargos personales, pasó al capítulo político. Dijo que Lavagna se equivocaba respecto de la negociación con los acreedores e influía en forma negativa sobre Kirchner. Por la tarde vería al presidente y se lo diría, anunció.
–Te podés llevar mal con Lavagna, pero no podés cuestionar una política del gobierno. Si ése es tu pensamiento, mejor no lo veas a Kirchner –le respondió Fernández.
A las seis de la tarde del jueves, Prat Gay volvió a trepar al primer piso del edificio colonial que alguna vez fue rosado. Fernández lo introdujo al despacho presidencial y los dejó solos, convencido de que el fastidio había amainado. A los dos minutos, Kirchner lo llamó. Prat Gay repetía con frenesí el discurso de la mañana y Kirchner lo escuchaba con respetuosa atención. Cuando concluyó, el Presidente le dijo:
–Te entiendo. No te puedo pedir que vayas en contra de tus convicciones. Esta no es la política de un ministro, sino la de un gobierno. Te agradezco todo lo que hiciste.
Cuando la puerta se cerró tras el estupefacto ex presidente del Banco Central, que esta semana cumplirá su mandato legal, Kirchner y Fernández analizaron nombres de posibles reemplazantes, con la decisión de resolver el asunto antes de que reabrieran los mercados. Los finalistas fueron Javier González Fraga (quien ya ocupó ese cargo, con Menem pero antes de Cavallo y la caja de conversión) y Redrado (cuando presidía la Comisión de Valores y en la Superintendencia de Seguros el titular era Fernández, quien lo confirmó en la Cancillería cuando Rafael Bielsa asumió y llamó al desrucufizador para que fumigara el edificio). Kirchner optó por Redrado, quien estaba literalmente en las nubes, durante la travesía aérea Madrid-Buenos Aires. En cuanto aceptó, por el teléfono del avión, Kirchner llamó a Lavagna para darle la noticia. No antes.
Reservista
La relación del presidente con su ministro conoció pocos momentos tan plenos. El titular del Banco Central debe rendir cuentas sobre la política monetaria y cambiaria al Congreso, pero no al Poder Ejecutivo, y respecto de la reestructuración bancaria sus facultades no reconocen ni siquiera la limitación legislativa. Esto convierte a la autoridad monetaria en un Quinto Poder de la República que, para colmo, tiende a actuar como quinta columna de los intereses que según el informe de las Naciones Unidas sobre la democracia en América Latina, limitan el poder de las autoridades elegidas por el voto popular. Si Prat Gay hubiera continuado, su mandato se hubiera extendido por seis años más, hasta 2010, ya en el ocaso del período presidencial posterior al de Kirchner. Prat Gay se retira con algunos éxitos no menores, como la disipación del mito que consideraba inconciliable la expansión de la base monetaria y el control de la tasa de interés con bajos niveles de inflación, y desde hoy es el hombre de reserva con que el establishment se prepara para el anhelado día en el que sueña con torcer la voluntad de Kirchner e imponerle la política ortodoxa que hasta ahora repelió.
Tanteos
Una vez más, el gobierno procedió por tanteo y error. No le bastaron dos años y necesitó llegar a la última semana del mandato de Prat Gay para detectar su incompatibilidad con la política económica. Algo similar ocurrió con la sugerida y retractada disminución del impuesto al valor agregado. La acumulación de superávit fiscal y su atesoramiento en divisas es una herramienta de supervivencia que el gobierno mantiene para el caso indeseado pero posible de una ruptura con los organismos multilaterales y/o los tenedores de bonos argentinos. Pero en su informe de julio, Prat Gay planteó que esa recaudación descomunal (debida a variables ajenas al control local, como los altos precios de los cereales y los hidrocarburos que constituyen las principales exportaciones de la reprimarizada economía argentina) podía ser recesiva. No lo hizo en un tono beligerante con Lavagna. Por el contrario, escribió que eso demostraba la inconveniencia de un superávit primario superior al 3 por ciento. La conclusión de Kirchner, quien siempre escuchó con interés las observaciones de Prat Gay, fue que no tenía sentido seguir aspirando dinero de la sociedad, que más valía dejarlo para estimular el consumo e impedir la desaceleración del crecimiento. La primera respuesta de Lavagna ante la consulta presidencial fue rebajar el impuesto al cheque, que es una de las exigencias del FMI, y el IVA para algunos productos de la canasta básica que aún se mantenían en el 21 por ciento. Luego cambió por una rebaja generalizada del IVA, pero sólo a prueba por tres meses. Por último propuso que la rebaja fuera permanente, pero moderada: todo lo que no fuera la canasta de supervivencia al 19,8 por ciento. Mientras se analizaban estas alternativas, Kirchner no estaba convencido de sacrificar recaudación antes de la gran final de enero con los acreedores, sobre todo cuando recibió los primeros datos que desmentían el temido amesetamiento. Pero justo en el momento en que Kirchner meditaba desechar la rebaja, Lavagna anunció que estaba a estudio, lo cual lo obligó a la posterior rectificación, explicada con argumentos pueriles. Más allá del tanteo (y en este caso, del error) lo que el episodio confirma es que la rebaja se orientaba a preservar el nivel de actividad y no a mejorar el ingreso popular y la distribución de la riqueza, que constituyen el talón de Aquiles aún vulnerable del programa oficial y un obstáculo potencial a la conformación de un contrapoder popular, el único al que Kirchner podría recurrir para que la experiencia de los 41 presidentes y vicepresidentes encuestados por las Naciones Unidas no terminara por frustrar también las esperanzas que su gestión ha despertado.