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Fuerzas sociales bolivianas ayer demandaron en La Paz la aprobación congresal de una ley de hidrocarburos de corte nacionalizador y el encarcelamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, depuesto hace un año por una sangrienta rebelión popular. Las marchas coincidieron en apoyar un proyecto de ley de hidrocarburos formulado por una comisión congresal que plantea la recuperación de la propiedad del Estado sobre la producción, comercialización y transporte y también la distribución en partes iguales de los ingresos por exportación de hidrocarburos y derivados. Rechazan, asimismo, el plan defendido por el gobierno de Carlos Mesa, que apuesta a la recuperación estatal de los hidrocarburos en boca de pozo y un incremento paulatino de 18 a 50 por ciento en los próximos 15 años de los impuestos a la producción petrolera.
El líder de izquierda, Evo Morales, que encabezó en la plaza San Francisco una concentración de cocaleros, indígenas sin tierra y colonos aymaras y quechuas, urgió al Congreso a sesionar “por tiempo y materia a partir de mañana, de lo contrario permaneceremos aquí hasta la aprobación de la ley de hidrocarburos”. Morales, que encabeza la segunda bancada congresal, convocó también a los ministros de la Corte Suprema de Justicia a “despojarse de sus colores políticos” para condenar al ex presidente Sánchez de Lozada, a quien calificó de “sanguinario del milenio”. En la misma plaza, sitio tradicional de manifestaciones, unos dos mil mineros llegados a pie del altiplano, al igual que sus compañeros cocaleros e indígenas, se manifestaban con el mismo tenor en demanda de la aprobación de una ley petrolera diseñada por una comisión congresal de izquierda y celeridad en el proceso contra Sánchez de Lozada.
Tres legisladores bolivianos, que ocuparon carteras en el gobierno de Goni Lozada, renunciaron a sus fueros, aunque sin renunciar a sus cargos, para afrontar un inminente proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Sánchez de Lozada, cuyo enjuiciamiento en la Corte Suprema de Justicia fue decidida la semana pasada por el Congreso por genocidio y delitos económicos contra el Estado, dijo ayer que en su país existe un “ambiente de linchamiento” que hace imposible un juicio justo contra él. También aseguró que la reciente decisión de enjuiciarlo “ha sido el resultado de movilizaciones en las calles e intimidaciones personales” contra legisladores.