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Alí Rodríguez, director saliente de la corporación Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue designado como nuevo canciller de Venezuela por el presidente Hugo Chávez. Poco antes de partir hacia España –en el inicio de una gira que incluye Rusia, Libia e Irán–, éste confirmó que había firmado un decreto, “ordenando a los ministros de Interior y Justicia y de Defensa, la elaboración urgente de un plan excepcional antiterrorista y de su puesta en marcha inmediatamente”, tras el asesinato el viernes del fiscal que investigaba el levantamiento de 2002.
El flamante canciller venezolano prometió fortalecer las relaciones de su país con España y minimizar las fricciones con Estados Unidos, país al que pidió “reciprocidad”. También prometió impulsar en su gestión la “integración de América latina”, la “democratización de los organismos internacionales” y lograr “un equilibrio” entre los países del Norte y el Sur. Sobre la gira de tres días que realiza Chávez por España, Rodríguez informó que el principal objetivo de esta visita es relanzar las relaciones bilaterales, dando énfasis al campo comercial y energético. Rodríguez, economista y abogado de profesión, sustituirá en la cancillería al geógrafo Jesús Pérez, quien sale –tras nueve meses en el cargo– por problemas de salud, añadieron las fuentes en condición de anonimato.
Poco antes de partir hacia España, Chávez confirmó que había firmado un decreto, “ordenando a los ministros de Interior y Justicia y de Defensa, la elaboración urgente de un plan excepcional antiterrorista y de su puesta en marcha inmediatamente”. Chávez reiteró el compromiso de su gobierno en hallar los culpables del asesinato del fiscal Danilo Anderson Anderson, cuyo cuerpo quedó totalmente calcinado el viernes al activarse una bomba colocada en el automóvil en el que se desplazaba por Caracas. El plan antiterrorista será dirigido por los ministros del Interior y Justicia, Jesse Chacón y de Defensa, general Jorge García Carneiro. Chacón explicó el sábado a periodistas que fue el explosivo C-4 el utilizado para volar el automóvil del fiscal. Informó que aún no había detenidos por el caso, pero dijo que unas “5 o 6 personas” fueron llamadas a declarar en calidad de testigos. Anderson investigaba a unos 400 opositores que apoyaron el decreto que abolió los poderes públicos firmado por el gobernante de facto, Pedro Carmona en abril de 2002.