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En forma curiosamente sincronizada, los servicios secretos británicos informaron ayer que desbarataron un ataque aéreo de Al Qaida contra el aeropuerto Heathrow y el centro financiero Canary Wharf, al tiempo que la reina Isabel II anunciaba ante empelucados señores de la Cámara de Lores nuevas medidas antiterroristas, como la creación de tribunales sin jurado para sospechosos terroristas y de un FBI británico en la apertura de las sesiones parlamentarias.
Al mejor estilo “sorpresa de octubre”, los británicos copian el modo norteamericano de presentar a sus ciudadanos medidas poco populares. El gobierno de Blair juega a la “política del miedo” con “fines electorales”, encabezó el diario The Independent, ayer, la noticia que circuló por la cadena televisiva ITV de que el MI6 truncó un ataque terrorista masivo de Al Qaida para estrellar aviones contra varios blancos británicos como el aeropuerto Heathrow y Canary Wharf. Según la cadena, la noticia de esos ataques, similares a los del septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, ejecutados por la red liderada por Osama bin Laden, provino de “una fuente de alto rango”, perteneciente a “la esfera” de los servicios de seguridad o del gobierno”. De este modo, la información proveniente de las fuentes gubernamentales se conoció el mismo día en que la reina Isabel II presidió la apertura de las sesiones parlamentarias ante un auditorio de cuellos de armiño y pelucas blancas con el anuncio de toda una batería de medidas antiterroristas.
Muy a tono con la ley patriota post 11 de septiembre que tantas controversias generó por la premura con que fue promulgada, las medidas consisten en la creación de un tribunal sin jurado para procesar a sospechosos de terrorismo, la aceptación de grabaciones ilegales como prueba en juicios, la introducción de la cédula de identidad británica y la creación de una agencia equivalente en sus funciones al FBI norteamericano llamada SOCA (por sus siglas en inglés Serious Organized Crime Agency), que contaría con unos 5000 agentes. “Los poderes de la policía y de otros miembros de las fuerzas de seguridad movilizadas para luchar contra la criminalidad serán fortalecidos”, declaró ayer la reina Isabel II.
Una semana antes, el ministro de Interior británico, David Blunkett, ya había adelantado las controvertidas reformas legales que permitirían a los tribunales sin jurados juzgar a presuntos terroristas, lo que generó preocupación entre varias organizaciones en defensa de los derechos civiles. “Si los laboristas ganan, no tendremos miedo a los terroristas, sino a la pérdida de libertades civiles”, declaró una afiliada a la organización civil a favor de los derechos humanos, Human Rights Watch.