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Por Pilar Lozano *
Desde Bogotá

Sobre una mesa colocada en la cancha de fútbol del caserío El Dos del municipio de Turbo, al norte del país, quedaron las armas de 452 paramilitares del Bloque Bananero, que ayer se desmovilizó. Fue un acto lleno de símbolos que terminó con el abrazo de victimarios a sus víctimas. En 10 años en los que impuso su ley en esta región bananera de Urabá, el Bloque dejó más de 500 muertos en varios asesinatos colectivos. Esta desmovilización es la primera de una serie de 11, que hasta finales del año tiene previsto sacar de la guerra a 3000 hombres y mujeres.
Para el obispo Germán García fue un espacio “de reconciliación y perdón”. Entre los 450 hombres y mujeres que entregaron sus armas, había algunos ex guerrilleros del EPL (Ejército Popular de Liberación). Esta guerrilla de inspiración maoísta se desmovilizó en 1991 y las FARC les declararon la guerra. Hernando Hernández, el comandante del bloque desintegrado, un hombre de 37 años que ha sobrevivido a dos atentados –uno de ellos le dañó el riñón–, fue el primero en entregar su fusil. Intentó dárselo a una de las víctimas de las acciones paramilitares, un hombre mayor que prefirió pasarlo a las manos del comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien presidió el acto en nombre del gobierno.
A su lado estaban el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Sergio Caramagna, autoridades regionales y locales, y dos comandantes del Estado Mayor de los paramilitares: Ernesto Báez y Salvatore Mancuso. “Se abre una etapa difícil, compleja, pero vale la pena correr el riesgo”, aseguró Caramagna, quien desde el pasado enero coordina la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.
El paramilitar Mancuso llegó poco después de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar su extradición a Estados Unidos, al igual que la del desaparecido comandante para Carlos Castaño –desde el pasado abril nadie sabe a ciencia cierta si está vivo o muerto– y del guerrillero de las FARC Simón Trinidad, detenido en enero pasado. Los tres han sido reclamados por tribunales norteamericanos por delitos relacionados con el narcotráfico. “El proceso continúa igual –dijo Mancuso–, empeñémonos en mirar los hechos de paz.” Asegura que está tranquilo. Las órdenes de captura contra él están suspendidas y hace quince días que tiene permiso para recorrer el país visitando la tropa que se desmovilizará antes de finalizar el año. Las extradiciones de Castaño y Mancuso estaban en estudio desde 2003. Estados Unidos ha repetido que no echará atrás su decisión. Pero la última palabra la tiene el presidente. El decide si extradita o no. En la mesa de diálogo, el Comisionado de Paz ha dicho que si se muestra verdadera voluntad de paz esta herramienta no será utilizada.
El caso de Simón Trinidad es diferente porque las FARC no están en el proceso de paz. “El gobierno trata de intimidar con la extradición porque no ha podido demostrar nada contra él jurídicamente”, aseguró a este periódico Oscar Emilio Silva, el abogado del guerrillero. Silva cree que si el gobierno extradita a su defendido se descarta cualquier posibilidad de un acuerdo que permita un intercambio de guerrilleros presos por secuestrados políticos, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. El presidente tiene 60 días para pronunciarse, pero la previsión era que tomara una decisión en las dos semanas siguientes al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.