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Por Manuel Délano *
Desde Santiago

La cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ayer rechazó por unanimidad el recurso de amparo que interpuso la defensa del ex dictador Augusto Pinochet para paralizar el procesamiento que dictó el juez Juan Guzmán en contra del general, acusándolo de ser autor de 10 crímenes de la Operación Cóndor. Los tres magistrados no consideraron el accidente vascular cerebral que sufrió el sábado Pinochet, y por el cual permanece internado en el Hospital Militar de Santiago y fallaron con base al mérito del proceso, dando un fuerte respaldo a Guzmán.
El contundente revés judicial que sufrió la defensa del ex dictador redujo sus caminos para evitar el procesamiento, detención domiciliaria y embargo de los bienes de Pinochet, como dictaminó Guzmán, a una nueva apelación, esta vez ante la segunda sala de la Corte Suprema. La defensa interpuso este recurso de hábeas corpus, de uso poco frecuente y de rápida resolución por lo que en medios judiciales se prevé que la próxima semana habrá terminado esta escaramuza judicial. En su fallo de ocho páginas, los integrantes de la cuarta sala –Jorge Dahm, Juan Escobar y Patricio Villarroel– determinaron que el juez Guzmán, que está conociendo una causa criminal, dictó el procesamiento de Pinochet con apego a todas las formalidades del Código Penal, entre ellas el realizar un examen del mérito de los antecedentes que dispone para formarse una convicción. Desechan también el argumento al que acudió la defensa, al sostener que Guzmán no tenía jurisdicción, a partir del fallo anterior con que la Corte Suprema sobreseyó a Pinochet del caso por los 75 crímenes de la Caravana de la Muerte. Sostienen que el motivo alegado, la supuesta incapacidad procesal del imputado, no permite declarar la falta de jurisdicción.
La cuarta sala también rechazó el recurso porque las condiciones para el procesamiento “se presentan cumplidas”, en lo que constituye un fuerte espaldarazo al juez Guzmán. Estas son: notificar al imputado del procedimiento que lo afecta; otorgarle un plazo razonable para comparecer y exponer sus derechos; permitirle presentar medios de prueba de sus asertos; que “sea un tribunal imparcial el que reciba las pruebas y juzgue en definitiva el caso, dictando su sentencia en un plazo razonable”, y que exista la posibilidad de revisión de lo fallado por un tribunal superior, igualmente imparcial.
Al conocer este fallo, los querellantes y parientes de víctimas a las violaciones a los derechos humanos en la dictadura reaccionaron con gritos de alegría y aplausos en los pasillos del Palacio de Tribunales. Aunque estos magistrados habían votado por el desafuero del ex dictador y en otros casos de militares en retiro que han intentando acudir al hábeas corpus, que supone la inexistencia de condiciones de justicia, éstos han sido rechazados, igualmente existía cierta cuota de incertidumbre por el clima generado con Pinochet internado en el Hospital Militar.
Según uno de los abogados querellantes, Eduardo Contreras, “éste es el fallo que esperábamos: un tres a cero que confirma que tenemos la razón y la imposibilidad de sostener que Pinochet se encuentra en estado de locura o demencia. Toda su actuación teatral del fin de semana no ha tenido sentido”, afirmó. “Esto es lo único objetivo, los fallos judiciales. Todo lo demás, las enfermedades imaginarias son paparruchas”, agregó.
El equipo de juristas que acusa a Pinochet tiene la convicción de que la defensa del ex dictador erró el camino al intentar atacar el auto de procesamiento con un hábeas corpus. Según ellos, esto demuestra la falta de argumentos de fondo que tienen para sostener la inocencia de su cliente frente a los cargos que le hizo el juez: autor de nueve secuestros calificados (que persisten hasta hoy porque los cuerpos de las víctimas no han aparecido), de un homicidio, en el marco de la Operación Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas en los años ‘70 y ‘80, para asesinar opositores.
La defensa del ex dictador persistió en el mismo camino. El jefe del equipo jurídico del general, Pablo Rodríguez, presentó en la tarde de ayer una apelación ante la Corte Suprema, planteando su confianza de que ésta corregirá el error de la Corte de Apelaciones, a la que reprochó haber pasado “por encima de la Constitución, de los tratados internacionales, de la ley procesal y de la situación que afecta al general Pinochet”. Su planteamiento central es que resulta contradictorio que en 2002 la Corte Suprema haya sobreseído a Pinochet por razones de salud, y que ahora que se agravaron sus dolencias, “siendo muchísima más seria la debilidad que lo afecta, es procesado”.
Son numerosos los antecedentes que inculpan a Pinochet en los crímenes de la Operación Cóndor, que fue coordinada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, y cuya primera actuación criminal fue el asesinato del ex jefe del ejército chileno, Carlos Prats y su esposa, en 1974 en Buenos Aires. En el marco de esta operación, los agentes de seguridad de las dictaduras militares sudamericanas se prestaban apoyo para vigilar, capturar, torturar y trasladar a opositores desde un país a otro. Los 10 casos por los que Guzmán ha procesado a Pinochet son en su mayoría personas detenidas en otros países y trasladadas a los cuarteles secretos de la DINA, donde desaparecieron.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.