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La controversia sobre la legalidad de la guerra en Irak, que ya le supuso al primer ministro Tony Blair una caída de varios puntos en su popularidad, volvió a agitar ayer a Gran Bretaña, a sólo varias semanas de las elecciones generales, estipuladas para el 5 de mayo próximo. La polémica resurgió luego de que la BBC publicara una carta de renuncia de Elizabeth Wilmhurst, una asesora jurídica del gobierno laborista, fechada el 18 de marzo del 2003, en la que afirma que la guerra en Irak constituía “un delito de agresión”.
La carta de Wilmhurst, que pudo ser conocida gracias a una nueva ley británica sobre la libertad de información, permitió saber que la asesora jurídica de Blair consideró la intervención militar en Irak “una utilización ilegal de la fuerza”, semejante a “un delito de agresión”, porque no tenía aval de Naciones Unidas. “Yo no quiero aprobar tales actos en circunstancias que son tan perjudiciales al orden internacional y a la autoridad de la ley”, escribió Wilmhurst. La dimisión de la funcionaria en protesta por la posición del gobierno de Blair constituyó un serio revés para el primer ministro y para el jefe de Foreign Office, Jack Straw, en momentos en que desarrollaba una intensa campaña en la ONU en favor de utilizar la fuerza contra Irak.
La reapertura del debate sobre Irak “no es una buena noticia” para Blair, cuya tasa de aprobación es del 34 por ciento, opinó el experto Mark Gill, del instituto de sondeo británico Mori. “Irak ya ha perjudicado considerablemente al primer ministro, particularmente en su tasa de aprobación y su popularidad”, dijo el analista. “No estoy seguro de si la reapertura del debate sobre Irak seguirá dañando a Blair, ni hasta qué punto. Pero lo que sí es seguro es que el debate lo perjudica, porque sustrae atención de los temas en los que él quiere concentrarse en esta elección, que son la economía y los servicios públicos”, dijo. Y el resurgimiento de la polémica sobre la legalidad de la guerra en Irak, que Blair esperaba haber ya dejado atrás, podría costarle algunos puntos más, señaló el experto.
La cadena de televisión privada Canal 4 afirmó ayer, sin citar fuentes, que en una parte de su misiva, que no ha sido publicada, Wilmhurst da a entender que el fiscal general, Peter Goldsmith, había considerado en un primer momento que la guerra era ilegal, pero que luego cambió de opinión. El gobierno había publicado en esa ocasión una versión abreviada del parecer formal de Lord Goldsmith, el consejero jurídico más importante del gobierno, en relación con la legalidad del conflicto. Blair utilizó esa opinión de su asesor jurídico para justificar el uso de la fuerza en contra del régimen del presidente iraquí Saddam Hussein, que aseguraba disponía de armas de destrucción masiva, lo que luego se comprobó era falso. Tras la publicación de la carta de Wilmhurst, varios diputados de la oposición insistieron ayer en que el gobierno debe publicarla entera, sin omitir información, para aclarar la posición de Lord Goldsmith y su cambio de opinión. Straw ayer alegó ante el Parlamento que la guerra en Irak, lanzada sin aval de Naciones Unidas por Estados Unidos y Gran Bretaña el 22 de marzo del 2003, había sido legal. En su comparición ante la Cámara de los Comunes, Straw indicó que Lord Goldsmith “concluyó que la autoridad para el uso de la fuerza en Irak estaba contenida en tres resoluciones de Naciones Unidas y no había necesidad de otra resolución”, indicó Straw.