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Por Carlos Noriega
Desde Lima

La suerte del presidente Alejandro Toledo, cuya aprobación apenas bordea el 10 por ciento, ha quedado en manos del Congreso. La próxima semana los 120 miembros del Parlamento unicameral debatirán la posibilidad de declarar la vacancia presidencial luego que una Comisión Investigadora del Congreso determinara por mayoría de tres contra dos que Toledo es responsable por la falsificación de firmas para lograr la inscripción de su partido político para las elecciones de 2000. Pero cada uno de los tres parlamentarios que acusaron a Toledo ha llegado a una conclusión diferente al momento de proponer cuál es la sanción que se le debe aplicar.
El presidente de la Comisión Investigadora, Edgar Villanueva, quien llegó al Congreso en la lista del partido de Toledo, Perú Posible (PP), pero que luego renunció al oficialismo, exige que se declare la vacancia presidencial. Otro de los acusadores, Víctor Velarde, del socialdemócrata partido aprista, principal fuerza de oposición, se opone a la vacancia y en su lugar ha solicitado la suspensión temporal de Toledo en el cargo de presidente. Lo cual, dado que a Toledo le resta solamente un año en el poder, se convertiría, en la práctica, en una especie de vacancia de facto. El tercer acusador, Xavier Barrón, de la derechista Unidad Nacional (UN), segunda fuerza opositora en el Congreso, propone que Toledo continúe en el cargo, pero que sea inhabilitado por diez años para ejercer cualquier función pública a partir del 28 de julio de 2006, cuando culmine su mandato presidencial. Estas tres opciones son las que el Congreso debatirá la próxima semana.
La vacancia presidencial necesita 80 votos de los 120 congresistas –aunque solamente podrán votar 118, ya que hay dos suspendidos– para ser aprobada, por lo que esta posibilidad se estima improbable, ya que necesitaría del apoyo de al menos seis miembros del oficialismo, además del voto opositor en bloque. Pero la suspensión en el cargo y la inhabilitación requieren solamente 61 votos. El oficialista PP, luego de sufrir varias deserciones, todavía mantiene 35 curules, a los que se deben sumar las 9 bancas de sus aliados del Frente Independiente Moralizador (FIM), lo que deja 74 votos en manos de la oposición. Sin embargo, no se trata de una oposición sólida, sino todo lo contrario, fraccionada y dividida entre sí. Los dos principales partidos de oposición, el APRA y UN, suman entre ambos 41 votos, y el resto de la oposición se divide en pequeños grupos e independientes, cuya votación suele ser una incógnita hasta el último momento. Este fraccionamiento en la composición del Congreso y la división de los grupos opositores respecto a qué sanción debe corresponderle al presidente peruano por la supuesta falsificación de firmas favorece a Toledo, que apuesta a que una dispersión de los votos evite la aprobación de alguna de las tres posibles sanciones en su contra. Pero si el Congreso no logra aprobar ninguna de las sanciones contra Toledo, el presidente peruano solamente podrá festejar a medias, ya que el informe que lo acusa seguramente pasará a la Fiscalía, que ya ha iniciado una investigación penal sobre este tema, en el marco de la cual la hermana de Toledo se encuentra bajo arresto domiciliario.