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Por Carlos Noriega
Desde Lima

A dos semanas del cierre de la inscripción de los candidatos a la presidencia para las elecciones de abril de 2006, la agenda política ha sido copada por los militares y el terrorismo. Dos emboscadas ocurridas en apartadas zonas de la selva, en las que murieron 13 policías, despertaron todos los fantasmas del terrorismo y, con ellos, posiciones autoritarias que permanecían agazapadas.
El nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general José Williams, y el nuevo comandante general del ejército, general César Reinoso, se estrenaron en sus puestos con sendos discursos en los que defendieron abiertamente, y en tono desafiante, a los militares procesados por violaciones a los derechos humanos. Son 618 los militares que están siendo juzgados por cometer torturas, secuestros y asesinatos durante la guerra interna contra Sendero Luminoso y el ya desaparecido Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de tendencia guevarista, ocurrida entre 1980 y el año 2000. De este total de militares procesados, 347 son oficiales. Uno de ellos es, precisamente, el general Williams, acusado de haber participado en la matanza de 69 campesinos en 1985 y en la ejecución en 1997 de tres prisioneros rendidos luego de la captura militar de la residencia del embajador de Japón que había sido tomada por el MRTA. Siguiendo la tonada castrense a favor de la impunidad, a los pocos días de los discursos de los jefes militares, el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Luis Iberico, del Frente Independiente Moralizador, partido aliado del gobierno hasta hace unas semanas, propuso una ley de amnistía para los militares. Pero aunque la propuesta de amnistía de Iberico lucía como un retorno al oscuro pasado fujimorista que pretendió consagrar la impunidad, los principales candidatos para las próximas elecciones se subieron rápidamente al tanque de la amnistía. El candidato a la vicepresidencia de la derechista Unidad Nacional, cuya candidata Lourdes Flores encabeza la mayoría de encuestas, Arturo Woodman, empresario ligado a los grandes grupos de poder económico y que colaboró con el gobierno de Fujimori, apoyó abiertamente la propuesta de amnistía. Los principales dirigentes de esa agrupación hicieron lo mismo. El ex presidente Alan García (1985-90), del socialdemócrata partido aprista, otro de los candidatos con posibilidades de ganar, quiso mostrarse aún más duro y defendió los tribunales militares secretos del fujimorismo. Como para que no queden dudas de su posición en este tema, el ex presidente lleva en su fórmula presidencial al vicealmirante en retiro Luis Giampietri, un duro defensor de la impunidad para los violadores a los derechos humanos y que está siendo procesado por la matanza de más de 100 presos ocurrida en 1986, bajo el gobierno de García, en la isla penal del Frontón, durante un motín senderista que fue aplastado sangrientamente por la marina. Aunque el presidente Alejandro Toledo se ha declarado contrario a una amnistía, el candidato presidencial de su partido, Rafael Belaúnde, la apoya. Y el primer ministro, Pedro Pablo Kuzcynski, también la defiende.
Consultado por Página/12 sobre el tema, el analista Carlos Tapia señaló que “el copamiento de la agenda política por el tema militar y del terrorismo favorece la derechización del escenario electoral y de eso sacarán provecho las posiciones autoritarias”. En opinión de Tapia, los defensores de la amnistía están magnificando interesadamente el supuesto peligro que en la actualidad representa Sendero Luminoso. “Según la propia policía, Sendero tiene apenas unos 100 hombres armados y está dividido en dos columnas que operan en zonas alejadas de la selva sin que exista coordinación alguna entre ambas. Hay una reactivación armado de los rezagos de Sendero, por eso las emboscadas recientes, pero es un problema focalizado sin ninguna posibilidad de extenderse a otras zonas del país. Sendero ya no es un peligro para la seguridad nacional como se está diciendo”, asegura Tapia.