[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

A un año de la tragedia de Cromañón el expediente penal avanza con aceptable celeridad. Hay varios procesados, incluyendo a Omar Chabán, a integrantes de la banda Callejeros, a funcionarios del Gobierno de la Ciudad y a policías. Existen polémicas en torno de los cargos, de la actuación del juez y los camaristas pero no ha habido obstáculos a la investigación.
El juicio político a Aníbal Ibarra (una instancia institucional inédita, de enorme magnitud) entró en su etapa final y deberá resolverse a más tardar el 14 de marzo de 2006.
El imaginario dominante propugna que es ésta una tierra de impunidad. En este caso, ese lugar común, bien anclado en la experiencia, carece de asidero. Las culpas penales (taxativas, limitadas por las garantías legales, incluida la presunción de inocencia) y las responsabilidades políticas (descriptas en el más laxo concepto de “mal desempeño”) serán definidas por los organismos competentes.
Los avances, que son en buena medida un triunfo de los familiares de las víctimas y de la oposición del distrito, eran en algún sentido previsibles aunque sorprendieron al kirchnerismo y al ibarrismo. Un estrago donde mueren 194 personas, casi todos jóvenes, no podía no producir secuelas profundas en una sociedad en la que los familiares de las víctimas han adquirido un creciente protagonismo. A partir de la experiencia fundante, superior y única de la lucha de los organismos de derechos humanos ha sido permanente el activismo y pertinencia política de los familiares (a quien en lo sucesivo llamaremos así o sencillamente víctimas porque también lo son). Con las variantes de cada caso, los familiares de María Soledad Morales, de tantas víctimas de gatillo fácil, de José Luis Cabezas, Juan Carlos Blumberg, los de los chicos de Cromañón se reclaman integrantes de una narrativa común. No le escapa al cronista que la enumeración precedente es imposible de encasillar en una clasificación política única y que ni sus afrentas ni su calidad institucional son de igual rango. Tales diferencias no eclipsan lo que, igual, tienen de común. Los afrentados por pérdidas irreparables (casi siempre de jóvenes) en las que se imputa responsabilidad al poder público, consiguen credibilidad, espacio mediático, poder en suma. Es casi ocioso decir que, fuera de ese abrumador común denominador, sus posturas, el grado de consenso que alcanzan, la ejemplaridad futura de sus acciones son muy diferentes tanto como podrían serlo Blumberg y Estela Carlotto. Pero sería necio negar que la condición de víctima inviste de un lugar prominente en la escena pública. La “sociedad”, si tal cosa existe, y los medios (que vaya si existen) los homologan reconociéndoles representatividad, buscando (y muchas veces suscitando) identificación en gentes del común que perciben que podrían estar en su desdichado lugar.
Los familiares son un factor de poder en lo tocante a la esfera de sus reivindicaciones, usualmente muy poco abiertas a la negociación como suele ocurrir con los movimientos que persiguen un objetivo único. Por un cúmulo de circunstancias (incluida la de haber ocurrido la tragedia en la ciudad del que “se vayan todos” a apenas tres años de su clímax) ese objetivo abarcó desde el vamos la destitución de Ibarra. Una medida extrema, desproporcionada a la (eventual) responsabilidad mediata de Ibarra, perseguida con ahínco impar por un grupo de enorme determinación que blande la legitimidad de su dolor y que obtiene magna repercusión de sus argumentos y sus acciones.
- Contando porotos: El sistema político porteño es también una esquirla de la crisis de 2001. La situación fue una sobrecarga que no podía resistir. Su desempeño ha sido penoso, por lo general. Ibarra gobernaba con representación legislativa casi nula en lo que debe ser un record mundial. Una paradoja legal determina que esa debilidad no le pesó durante años, porque la Constitución local le concede ínfimos poderes al Legislativo... salvo el juicio político, para el que de todas formas son necesarias mayorías inalcanzables en cualquier distrito normal, de la Argentina o del mundo. El juicio alteró esa ecología y se superpuso con las contiendas políticas locales. Si se desbroza el anecdotario de un Parlamento bastante papelonero, se advierte que las coaliciones que se formaron y se vienen manteniendo fueron estables y, a su modo, predecibles. Un curioso frente opositor aunó al macrismo, al ARI y a una izquierda sobrerrepresentada legislativamente aún hoy por su excepcional performance de 2001. Si se permite una módica ironía, tal como ocurre en estos días en el Congreso nacional, fue el kirchnerismo el único sector que se ha permitido la discrepancia interna, el voto a conciencia.
Emblocados contra Ibarra, los opositores están cerca de provocar su destitución en un procedimiento que sigue siendo de final abierto.
- NS/NC: Un error de diagnóstico recurrente de Ibarra y de su más tenaz aliado del Gobierno, Alberto Fernández, fue suponer que la falta de consenso masivo con los reclamos de los familiares era una suerte de apoyo silencioso a la estabilidad del jefe de Gobierno. La traducción más correcta (hay desinterés y no toma enérgica de posición) les hubiera ahorrado abundantes errores tácticos. Los familiares no consiguieron movilizar multitudes ni generaron un liderazgo fulminante como el de Blumberg (a quien radiaron de sus marchas). No articularon con los organismos de derechos humanos. Los opositores que fueron a elecciones con Cromañón como enseña fueron ignorados por el electorado. Imaginando contrafactuales, el techo político de los familiares podría haberse elevado mucho más. Pero su piso, ya se dijo, es irrevocablemente alto.
El juicio político transcurrió en buena medida como en una burbuja, ajena al día a día de los porteños. La gobernabilidad cotidiana no pareció rozada lo que (paradoja cruel para Ibarra) pudo fomentar más la atonía que el compromiso contra una eventual crisis.
- La vindicta y la deuda: Víctimas y otros ciudadanos de a pie exigen para los acusados de delitos de gran impacto penas siderales. Si no hay cadena perpetua o prisión muy prolongada, preconizan, no hay justicia. Seguramente dirían lo mismo si Ibarra, más allá de haber pagado ya siderales precios políticos, fuera absuelto. La sensación de impunidad estimula una vindicta severa, a los ojos de este cronista tan excesiva como explicable en función de la historia. Es como si quisieran compensar en el cuerpo de los acusados, todo lo que zafaron otros.
Así funciona la democracia argentina, con una sociedad civil aguerrida e indómita que sale a la calle de vez en cuando pero cuando sale es de temer. Su proverbial jacobinismo contrapesa a gobernantes y dirigentes que necesitan frenos y sosegates. Que los ciudadanos tengan tamaño punch, que lo ejerciten de forma brutal y poco proclive a la articulación o a la negociación es un dato tan real como preocupante. También lo es que la dirigencia política “se haya ganado a pulso” ese contradictor. La movilización ciudadana puede resultar demasiado tumultuosa o intransigente. Muy a menudo le piden demasiado a estados nacionales o provinciales desguarnecidos, en parte por gobiernos de origen popular.
Pero no es esperable muy otra cosa de cara a sistemas políticos que tienen una enorme deuda de participación. Que funcionan muy delegativamente, que son muy carentes de instancias de involucramiento popular. Ni iniciativas populares ni referéndum, ni comunas. La participación siempre se obra desde la vereda de enfrente. La ciudad más progresista del Cono Sur es bien morosa en esa materia, carencia que subrayó el amago de consulta popular del ibarrismo.
A un año de la tragedia no hay impunidad pero sí muchas deudas del poder político. Tal vez la central es haberse restringido al rol playing del juicio a Ibarra y no haber producido movidas culturales, acciones colectivas, discusiones legales (las normas penales se revelan vetustas,la Constitución porteña es un mar de lagunas, el juicio político no está reglamentado...).
Los reclamos penales de los familiares son debatibles. Su pedido básico, que la enorme pérdida que sufrieron no sea en vano, es irrefutable. A un año de una pérdida irreparable muchas cosas deberían haber cambiado en la política, en la cultura, en el mundo del espectáculo, en la relación entre el Gobierno y los jóvenes de la ciudad que albergó la tragedia. Pero muy poco han cambiado.