La noticia cayó como una bomba –valga la ironía– sobre las redacciones de los principales medios de comunicación españoles en la mañana de ayer: la organización separatista vasca armada, ETA, anunciaba un “alto el fuego permanente”. Primer y esperado paso de lo que se anuncia como el comienzo del fin de la actividad militar de la organización vasca, el grupo armado en actividad más antiguo de la Unión Europea, el comunicado hecho público por la cadena estatal vasca de televisión era esperado por las principales fuerzas políticas locales desde hacía varios meses.

Al presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero el comunicado le ha caído como un regalo del cielo. Desde que llegó al gobierno, unos días después del 11-M, Zapatero ha apostado fuerte por lograr el cese definitivo de la violencia y desde noviembre de 2004 los movimientos en el entorno etarra, sobre todo entre los dirigentes de su ilegalizado brazo político Herri Batasuna, hacían presumir al gobierno español que el fin de la banda estaba cerca. En más de una ocasión, a lo largo de los últimos dos años, el gobierno dejó entrever que contaba con información “confiable” de los servicios de Inteligencia de que “algo extraordinario” estaba por ocurrir.

Para abrir el paraguas antes de tiempo, el PSOE propuso y obtuvo del Parlamento, con el voto en contra del opositor Partido Popular (derecha), una resolución a finales del 2005 en la que se autorizaba al Ejecutivo a entablar negociaciones con ETA siempre y cuando la organización dejara bien en claro que “no continuará matando”. La organización no ha cometido atentados mortales desde mediados de 2003, y sus últimas apariciones públicas parecían más bien intentos desesperados de provocar ruido con el menor costo posible.

A diferencia de otras “treguas” proclamadas por ETA a lo largo de sus casi 40 años de historia (el grupo surgió a finales de la década de los ’50 de una escisión del Partido Nacionalista Vasco y cometió su primer atentado en 1968), ésta huele más que nunca a definitiva. En ninguna de sus treguas anteriores la banda había utilizado las palabras “alto el fuego”, ni mucho menos el adjetivo “permanente”, dos expresiones que, como bien han destacado los principales analistas políticos locales, están “calcadas” de las que publicó el IRA unos meses antes de entablar las negociaciones que condujeron a su desaparición como grupo armado.

Para comprender cómo se ha llegado hasta aquí hay que tener en cuenta que a partir de los ataques a las Torres Gemelas en septiembre de 2001 y, más que nada, del sangriento atentado terrorista cometido por grupos radicales islámicos en Madrid el 11 de marzo de 2004, los días de la banda vasca comenzaron a estar contados. La lucha armada ya no cuenta con las simpatías de antaño y la actividad terrorista está demasiado asociada en Europa al islamismo radical como para generar la mínima complacencia pública en la actual sociedad española.

Pero aunque el contexto es más favorable que nunca para que se entable un proceso de paz definitivo, el camino por recorrer está más plagado de espinas de lo que parece. En principio, el PSOE sufre en estos momentos un virulento ataque en todos los frentes por parte de las huestes de Mariano Rajoy, el líder del Partido Popular. A la derecha española no le ha sentado bien que los electores la sacaran a empujones del poder en marzo de 2004, cuando el ex presidente popular José María Aznar intentó asociar a ETA con el atentado cometido en Madrid unos días antes de las elecciones, manipulando con descaro la información que las mismísimas fuerzas policiales le facilitaron pocas horas después del ataque en la que quedaba claro que se trataba de un atentado islámico directamentevinculado a la participación de España en la guerra de Irak. Aznar cometió el mayor error político de su vida al intentar tapar los hechos con mentiras y presiones a la prensa independiente, y sólo logró que los españoles terminaran castigando duramente al PP en las urnas, cuando apenas unos días antes las encuestas le eran más que favorables. A partir de ese momento el PP trató de embarrar la cancha por todos los medios posibles al nuevo Ejecutivo socialista, rompiendo el tradicional consenso que habían mantenido las principales fuerzas políticas españolas desde la Transición con respecto a la lucha antiterrorista.

El PP intenta todavía ahora sembrar dudas sobre la posible participación de ETA en los atentados del 11-M y en las últimas semanas ha llegado a poner en tela de juicio la investigación policial y judicial que, hasta el momento, ha descartado que la banda vasca tenga la más mínima relación con el hecho. La derecha en la oposición acusaba días atrás a Zapatero de estar “rindiéndose” ante los terroristas y de haber entablado negociaciones secretas con ETA, en las que el gobierno se habría mostrado dispuesto a pagar “precios políticos inadmisibles” a cambio del cese definitivo de la lucha armada.

Zapatero, mientras tanto, se mantuvo en sus trece y encargó a su tropa que estudiara con mucho detenimiento el proceso de paz irlandés comenzado en 1997, por el que el IRA terminó abandonando la violencia de modo permanente. En ese proceso, el gobierno británico aceptó, por ejemplo, una amnistía general de los presos condenados por terrorismo, tanto del IRA como de los grupos paramilitares protestantes que habían ensangrentado Irlanda del Norte durante varias décadas. Pero para la derecha española una medida semejante sería inadmisible. “ETA”, afirman, “debe rendirse incondicionalmente”.

El comunicado de ayer destapó la caja de Pandora. Mientras los obispos del País Vasco, contradiciendo la opinión oficial de la Conferencia Episcopal Española (que sostiene, en consonancia con el PP, que ETA “debe ser derrotada y pedir perdón por sus crímenes” antes de que pueda entablarse cualquier negociación), hablaban ayer de “grandes esperanzas” y el Partido Nacionalista Vasco, que gobierna la región desde hace más de dos décadas, llamaba a “actuar con inteligencia y no desperdiciar esta oportunidad”, los socialistas se mostraban cautos a la espera de un segundo comunicado de la banda que se dará a conocer en la mañana de hoy, según el diario Gara, medio a través del cual ETA publica a menudo sus mensajes oficiales.

Mientras tanto, el PP continuó con su política de oposición frontal (algo poco habitual en la democracia española) y se negó a darle al gobierno carta blanca en el asunto, al contrario de lo que hicieron los socialistas en la oposición, cuando el anterior presidente “popular” José María Aznar entabló unas fallidas negociaciones con ETA en Ginebra, a finales de los años ’90.

En la tarde de ayer, Rajoy terminó aceptando, obligado por las circunstancias, una reunión con Rodríguez Zapatero que se llevará a cabo la semana próxima para hablar del nuevo escenario abierto, luego de meses de duros desencuentros y diálogo cero. Al núcleo más extremo de los “populares” le preocupa que un eventual proceso de paz definitivo otorgue a Zapatero un capital político de tal magnitud que condene al PP a largos años en la oposición, mientras que sus voces más moderadas, como la del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, creen que la derecha española está cometiendo un error garrafal al no apoyar al Ejecutivo socialista en esta crucial encrucijada.

La partida no ha hecho más que comenzar y el período abierto ayer será largo y complejo. En la futura agenda de negociación se hablará, con casi total seguridad, del destino de los cientos de presos etarras que purgan condena en las cárceles españolas, de la legalización del brazo político de ETA Herri Batasuna y de la realización de un “posible” referéndum en el País Vasco que otorgue mayores márgenes de autonomía a la región. En el comunicado de ayer la banda hizo especial referencia a este punto, al afirmar que el principal “objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en el País Vasco para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como Pueblo nos corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas. Al final de ese proceso los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro”.

El contexto internacional invita a creer que el abandono de la lucha armada por parte de ETA es inminente, ya que su aventura político-militar ha perdido todo sentido durante los últimos años. Es en la situación política española actual donde se encuentra el principal escollo para que el sueño se concrete.