Antes de firmar el decreto que da por caída la concesión de Aguas Argentinas y antes, aún, de que Suez advirtiera su voluntad de dejar el negocio, ya se había tomado la decisión política de que el Estado solventaría con recursos propios la expansión de la red, recuperando luego ese aporte vía tarifa. Este criterio, que implica un drástico cambio respecto de la filosofía que inspiró las privatizaciones, también está plasmado en el proyecto oficial para crear cargos específicos sobre las facturas de luz y gas que el subsecretario de Energía, Cristian Folgar, defendió el martes en el Senado sin mucho poder de convicción.

Ni siquiera los justicialistas que integran las cuatro comisiones que deben dictaminar sobre esta iniciativa, de Presupuesto, Hacienda, Legislación y Combustible, están muy seguros de defenderla. Se trata de un proyecto que prevé cargar sobre las facturas de los usuarios finales, sin discriminación –en rigor, el PEN se reserva la facultad de exceptuar a algún segmento–, el costo de expandir la infraestructura de generación o distribución de luz y gas con un cargo que nutrirá un fondo específico.

Tal como objetó durante el plenario de aquellas cuatro comisiones el radical Gerardo Morales, ese proyecto entraña un cambio de modelo de ventajas dudosas. Según el esquema de los ’90, los concesionarios estaban obligados a invertir, recuperando luego con más tarifa.

Pero éstas sólo podían modificarse con un procedimiento más riguroso, bajo el control de los entes y audiencias públicas”, se lamenta el jujeño. Para el legislador es poco beneficioso dejar sobre las espaldas del Estado la obligación de ejecutar obras que originalmente eran competencia de los privados habilitando, además, una corrección en el precio de esos servicios, sin que esta decisión esté sometida a control alguno.

Quizá lo más controvertido de la propuesta es hacer aquello a través de la creación de fondos fiduciarios que, por definición, estarán fuera del control presupuestario, aunque el Poder Ejecutivo se obligue a “informar trimestralmente al Congreso” sobre las obras a las que asigne esos recursos. Ni Folgar pudo negar otra prerrogativa de la que gozará Planificación, que podrá contratar esos trabajos por vía directa, es decir, sin que medie licitación alguna. Amén de la posibilidad del Tesoro para enfrentar algún apuro echando mano de ese dinero que por definición no podría afectarse a una cosa diferente que aquella para la que se recaudó: en este caso, ampliar las redes eléctricas y gasíferas.

Los resquemores que la oposición plantea a viva voz, los justicialistas los sugieren en ámbitos más discretos. Como fuere, se acordó que el 4 de abril habrá una reunión con asociaciones de usuarios y representantes del Enre y del Enargas antes de dictaminar sobre una propuesta muy polémica pero, en rigor, no demasiado novedosa.

El 7,9 por ciento de la tarifa que pagan los consumidores de Aguas Argentinas hoy nutre con 3,6 millones de pesos mensuales un fideicomiso creado para costear obras, que la Secretaría de Recursos Hídricos prorrogó hasta fin de año. Antes del quiebre con Suez, el Gobierno ya había prometido alimentar ese pozo con 400 millones de pesos para expandir las redes, lo que hubiera eximido a los franceses (o a sus sucesores) de ese desembolso. En el capítulo final aún no escrito, el Estado recuperaba esos fondos a través de la tarifa, algo que hoy se hará a través de Aysa.

Aunque no existe respaldo legal, las transportadoras de gas (TGN y TGS) están cobrando a los usuarios industriales de esos ductos un cargo próximo al 75 por ciento de la tarifa para financiar las obras de ampliación, que se ejecutan vía fondo fiduciario. Aquellas empresas, lideradas respectivamente por Techint y Petrobras, esperan que la nueva ley dé mayor sustento legal a lo que ya se hizo bajo el amparo de Julio De Vido.