El Contrato de Primer Empleo (CPE) está muerto y –en términos políticos– el primer ministro francés, Dominique de Villepin, también. El nuevo hombre fuerte de la situación en Francia es el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, en su condición de presidente del partido gubernamental, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), que debe revisar las medidas contra el paro de los jóvenes impulsadas por Villepin. Hoy está convocada una nueva jornada de protesta, con huelgas y manifestaciones, contra el polémico contrato laboral que permite el despido de los menores de 26 años durante los primeros 24 meses, que dejará sobre la mesa un nuevo equilibrio de fuerzas.

La intervención del presidente Jacques Chirac, el pasado jueves, promulgando la ley que incluye el CPE, pero vaciándola de su contenido, al pedir al gobierno que impida que se utilicen estos contratos mientras el Parlamento no haya reducido a la mitad el período de prueba e incluido la exigencia de que los patrones justifiquen los despidos, ha supuesto la descalificación del primer ministro en la pulseada que mantenía con el presidente y la entrada en escena de Sarkozy, dispuesto a redactar una nueva ley desde el partido.

El ministro del Interior, sin embargo, ha interpretado a su manera la salida a la crisis que Chirac propuso el viernes. Chirac pidió la revisión de dos detalles y Sarkozy, a través de un portavoz del partido, anuncia que entablará un diálogo “abierto, sin tabúes ni prejuicios” con todas las partes implicadas: sindicatos, patronal y organizaciones estudiantiles. Y en este contexto la jornada de ayer transcurrió entre idas y venidas desde la sede del primer ministro en el hotel de Matignon hasta la residencia del jefe del Estado en el Palacio del Elíseo.

Por la mañana, Villepin reunió a su gobierno, incluido Sarkozy, para un seminario sobre la cuestión del empleo. Por la tarde Chirac recibió al primer ministro y a Nicolas Sarkozy, en este orden y por separado. Y el jefe del Estado indicó al presidente de la UMP que la propuesta de revisión de la ley sobre la igualdad de oportunidades, que incluye el CPE, debe elaborarse en “total coherencia” entre los parlamentarios de la UMP, Villepin y los ministros implicados.

Paralelamente, el curioso malabarismo de Chirac al aprobar una ley y pedir al mismo tiempo que no se aplique ya está creando problemas legales al gobierno. El ministro de Cohesión Social, Jean-Louis Borloo, escribió a los representantes de 220 sectores profesionales para que no apliquen el CPE. Desde la oposición socialista ya se le ha recordado que se expone a cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros por tomar medidas para contrarrestar una ley promulgada.

Hoy están previstas manifestaciones en toda Francia; los trenes regionales funcionarán al 50 por ciento, los de alta velocidad, en un 25 por ciento; hay convocatorias de paros en el transporte urbano de unas 50 ciudades y el transporte aéreo se verá también afectado. Dos tercios de las universidades siguen bloqueadas, aunque en los institutos de secundaria parece producirse un lento retorno a la normalidad.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.