Poco y nada es lo que pudo explicar el represor Pascual Oscar Guerrieri sobre la “escapadita” que protagonizó, violando el arresto domiciliario, revelada el domingo por Página/12. Ayer durante dos horas estuvo en el juzgado federal de Ariel Lijo, pero no fue más allá de las excusas que había planteado ante las autoridades del Regimiento Patricios el sábado: que salió para ir a una óptica y cuando volvió a su casa no quiso entrar porque había periodistas en la puerta. En las próximas horas, el magistrado decidirá “en qué lugar continúa su detención”. Mientras tanto, Guerrieri sigue detenido en Campo de Mayo.

Antes de resolver si revoca la detención domiciliaria, Lijo quiere analizar los elementos que fue pidiendo para determinar de qué manera el represor violó el beneficio que le había concedido cuando cumplió setenta, hace poco más de un año. A su juzgado de Comodoro Py ya llegaron las imágenes del programa televisivo Caiga quien caiga, que lo muestran saliendo de su piso en la avenida Figueroa Alcorta. Esa iniciativa habría sido tomada por Guerrieri sin autorización. Página/12 pudo saber que sólo contaba con permiso para ir a caminar cuatro kilómetros tres veces por semana, por prescripción médica. El militar retirado lo hacía en un predio castrense ubicado en Olivos, a las 14.45. “Si salió a las 14.40 no habría violación del permiso”, comentó una fuente judicial a este diario. Pero inmediatamente aclaró que “no es el caso”. En principio el juez decidió que permanezca detenido, “hasta que se aclare la situación”. Aunque trascendió que las imágenes que recibió resultaron “contundentes”.

Guerrieri fue agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del centro clandestino Quinta de Funes. Antes de cumplir arresto en su casa, estuvo preso en el Regimiento de Patricios y fue allí adonde recurrió cuando se sintió descubierto por la prensa, tal como ya sucedió en varias oportunidades con otros represores, como Roque Tepedino y Emilio Massera. El sábado por la mañana Guerrieri apareció en esa dependencia del Ejército ubicada en Palermo, bajó de un remise y pidió ser escuchado. El motivo de la salida había sido la necesidad de acudir a una óptica para que le arreglaran los anteojos, pero cuando quiso regresar encontró un grupo de personas frente a su casa. Las actuales autoridades del regimiento, bajo el mando del coronel Alfredo Rubén Ochoa, habrían intentado sin éxito que el visitante volviera a su casa. Pero finalmente se comunicaron con el juez Lijo y le explicaron la situación, deslindando responsabilidades ya que no estaba bajo su custodia.

Enterado de los hechos, el magistrado ordenó que llevaran a Guerrieri detenido al Instituto Penitenciario de Campo de Mayo. Ayer a la tarde, fue trasladado al juzgado y no agregó mucho más de lo que había esgrimido frente a sus pares, en Patricios. No hubo explicaciones que resultaran satisfactorias, más bien una implícita confesión de haber infringido la concesión que le habían otorgado. El represor se victimizó al relatar que habría sufrido amenazas de la agrupación H.I.J.O.S. y adjudicó todo lo sucedido a una suerte de gran “confabulación” en su contra.

Guerrieri fue uno de los principales colaboradores de Carlos Guillermo Suárez Mason y está procesado con prisión preventiva en dos causas. En el expediente que instruye Lijo se lo acusa de haber participado del secuestro y desaparición de unos veinte montoneros que regresaron al país en el marco de la llamada “contraofensiva”. El otro caso lo tiene como imputado por tormentos y privación de la libertad de quince personas, mientras comandaba el campo de concentración Quinta de Funes.

Es muy probable que este coronel retirado pierda el beneficio que le habían concedido y vaya a parar a una cárcel militar. Sin embargo, en el Ministerio de Defensa que conduce Nilda Garré plantearon la iniciativa de exhortar a los jueces que instruyen causas sobre los crímenes de lesa humanidad a que encarcelen a los militares imputados en prisiones comunes. Por lo tanto, si esto prospera y los jueces lo toman en cuenta, sus días podrían seguir en una cárcel común. Del total de 207 detenidos, según el Centro de Estudios Legales y Sociales, algunos gozan de arresto domiciliario, otros están presos en unidades militares o dependencias de fuerzas de seguridad. Y un tercer grupo permanece privado de su libertad en establecimientos carcelarios comunes. En estos días, los organismos de derechos humanos han renovado su reclamo de “cárcel efectiva y común” y esto parece haber tenido eco en la cartera de Defensa.