La asunción de los nuevos ministros brasileños realizada ayer, al cumplirse una semana de la renuncia del ex titular de Economía Antonio Palocci, hizo evidente un dato político inquietante: éste es el gobierno de un hombre solo. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva eligió un ceremonial al revés, en lugar de pronunciar un discurso para los funcionarios entrantes –casi todos técnicos sin brillo propio– prefirió hacerlo para los salientes. Muchos de ellos son referentes en sus partidos, como el socialista Ciro Gomez y Saraiva Felipe, alto dirigente del PMDB, partido que aún no definió si dará su vital apoyo a Lula en los comicios de octubre.

El alejamiento de los nueve colaboradores no afectará la gestión del gobierno, pero debilita su capacidad de respuesta a los embates de la oposición en su afán de demostrar que es Lula y no sus ex ministros el mentor de los escándalos que se ventilan desde hace 10 meses. El probable procesamiento de Palocci, que esta semana sería citado nuevamente por la Policía Federal, agrava la situación del mandatario, que se verá en figurillas para explicar que estaba al margen de las maniobras de quien fue su principal colaborador durante 39 meses.

Tarso Genro, ex presidente del PT, es la figura más expresiva del nuevo equipo, en el que será responsable de las articulaciones con la oposición y el Congreso, donde hoy se reunirá la Comisión Parlamentaria Investigadora que durante 10 meses acompañó las denuncias sobre sobornos pagados por el gobierno a decenas de legisladores. Será una sesión agitada en la que deben votarse las conclusiones finales. La oposición quiere que ese documento recomiende la apertura de proceso penal contra el ex ministro José Dirceu y se cite a Lula como responsable político de las maniobras dolosas. El oficialismo avisó que rechazará cualquier insinuación sobre el presidente.

Si Lula consigue sortear esa nueva embestida, tal vez no tenga igual suerte para frenar las investigaciones sobre su ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, al que se sospecha involucrado en el escándalo de violación de secreto bancario que le costó el cargo a Palocci. Bastos no tiene exagerada visibilidad, pero es imprescindible para Lula por su competencia en la relación con la Policía Federal, una corporación importante en un escenario cruzado de denuncias. Ayer, la oposición pidió que el ministro compareza en el Senado, lo que mereció enérgico rechazo del gobierno.

Por la mañana en su programa de radio el presidente defendió su política económica, neoliberal, pero con un argumento no tan ortodoxo. “Contrariando a quienes decían, y dicen aún, que es necesario crecer para distribuir, nosotros estamos probando que es posible distribuir para crecer”, afirmó Lula, tras lo cual anunció el aumento por decreto del salario mínimo a 350 reales (unos 165 dólares), cifra que no simpatizó pero tampoco sobresaltó a los mercados, confiados en que la política económica, ahora conducida por Guido Mantega, seguirá siendo igual o semejante a la implementada en estos 40 meses de gobierno.