Desde ayer a las siete de la tarde, la policía de San Luis se acuarteló en contra de un proyecto del gobierno del Alberto, hermano del Adolfo, para modificar la ley orgánica policial, y en reclamo de un aumento de sueldos. “¿Qué acuartelamiento? Acá no hay ningún acuartelamiento”, aseguraron voceros del gobierno mientras que por las calles no se veían uniformados ni pintados. Los policías se oponen a un proyecto del gobierno que pretende incorporar a los Pico y Pala, un plan para desocupados que ya había ubicado como guardias urbanos desarmados, a los que ahora quiere armar después de un curso de tres meses y sacarlos a la calle como policías.

La protesta se desató en Villa Mercedes, en la Unidad Regional II, aprovechando la presencia del flamante ministro de la Legalidad puntano, el diputado nacional en receso (MNyP) Hugo Franco, ex director de Migraciones menemista, acompañado por el jefe policial, Hugo Chavero. Ambos concurrieron a la Regional II a un acto de entrega de grúas policiales y computadoras. Pero Franco y Chavero se encontraron con los uniformados en estado de deliberación y acuartelados.

“¿Qué acuartelamiento?”, desmintió el vocero de Franco, Sergio Bastías, aunque reconoció que el jefe de la Regional II, Luis Silvera, recibió un petitorio con firmas que a su vez lo trasladó al ministro. El documento, de seis carillas, exige la suspensión del tratamiento legislativo (media sanción en el Senado) con el que el gobierno puntano pretende modificar la ley de incorporación de personal policial.

El petitorio, además, reclama la suspensión del nuevo plan de seguridad que consiste en enviar policías a custodiar las rutas para ubicar en su lugar a los alrededor de ocho mil integrantes de los guardias comunitarios, ex Pico y Pala. Según el proyecto, la intención del gobierno del hermano Alberto es incorporarlos tras un curso breve de dos o tres meses, armados y en la calle. Hasta la fecha, sólo cumplen funciones de vigilancia y no llevan armas.

El diputado provincial (FV) Pedro Risma, ex jefe policial de San Luis, dijo a Página/12 que “todo esto pasa porque el gobierno no tiene ningún plan de seguridad. Dice que el problema de la inseguridad existe porque hay poca policía y pretende incorporar más. Pero no es cierto, San Luis es la provincia que más hombres tiene en relación con la población. Si sumo los 1600 policías que hay y los 8000 Pico y Pala que dan vuelta a la manzana como seguridad comunitaria, son casi 10 mil, en una población de 370 mil habitantes. Lo que pasa es que no hay un plan. Hay que modificar el plan de estudios de la academia policial, preparar a los guardias comunitarios para que ocupen tareas administrativas en las comisarías, o que sean choferes de los patrulleros. Con eso se liberarían hombres preparados para la calle”.

Entretanto, el petitorio reclamaba alrededor de 500 pesos sobre el básico. Ayer, unos cien policías permanecían acuartelados en la Regional II, y en las comisarías, saliendo sólo para emergencias.