La Corte Suprema chilena sentó jurisprudencia ayer al rechazar un fallo de segunda instancia en el que se indultaba a seis militares retirados y a un ex agente civil de la dictadura pinochetista por los crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como Villa Grimaldi, amparándose en una vieja amnistía decretada por Augusto Pinochet a finales de los setenta. El máximo tribunal determinó que el derecho internacional, que caracteriza a estos delitos como de “lesa humanidad”, se imponía por sobre la “autoamnistía” del período dictatorial.

El juez Alejandro Solís podrá ahora continuar investigando las desapariciones de varios miembros del entonces clandestino Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que involucrarían al ex jefe de la DINA, la policía secreta del régimen pinochetista, el general Manuel Contreras, el ex brigadier Miguel Krasnoff, los ex coroneles Marcelo Moren, César Manríquez y Orlando Manso, el ex oficial Ciro Torres, el suboficial Basclay Zapata y el civil Osvaldo Romo. Todos ellos habían sido procesados por secuestro calificado y luego indultados el pasado enero por la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, la causa sigue esperando una resolución sobre el pedido de desafuero que efectuó el juez Solís contra Pinochet, al que también acusa de las desapariciones y torturas de los militantes de izquierda.

El abogado Hiram Villagra, que representa a familiares de las víctimas de Villa Grimaldi, uno de los peores centros clandestinos de la época, se manifestó satisfecho por la resolución de la Corte que, según estimó, “establece un precedente en otros juicios en que los jueces han optado por la amnistía”. El caso más reciente fue el fallo del juez Víctor Montiglio en el caso que lleva el nombre de una de las peores ofensivas de la dictadura contra los opositores, la Caravana de la Muerte. Ante el rechazo de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas, Montiglio decidió recurrir a la amnistía firmada por Pinochet en 1978 para indultar a tres militares acusados. Actualmente, los abogados querellantes esperan la respuesta de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, el fallo de la Corte de ayer es una clara señal de que las máximas autoridades de la Justicia chilena finalmente han optado por el derecho internacional, por sobre las leyes nacionales en materia de derechos humanos.

En los últimos años, los contradictorios y los cambiantes fallos de los jueces y los tribunales que amparaban en ocasiones a los vestigios del régimen pinochetista tuvieron como contrapartida los avances en materia de derechos humanos alcanzados por los sucesivos gobiernos de la Concertación. Sin embargo, ayer la Justicia se reivindicó. Hace poco menos de un mes, un grupo de diputados de la Concertación presentó un proyecto para anular el decreto de amnistía de Pinochet, dejando como único criterio judicial al derecho internacional. El proyecto de ley sólo duró un día antes de que lo tuvieran que retirar porque, según la Constitución, debía ingresar por la Cámara alta. Desde la bancada de senadores oficialistas todavía no han dado señales de retomar el proyecto.