Tranquilizar los organismos financieros internacionales y al empresariado, a la vez de enviar señales a los sectores más pobres y excluidos de que se buscarán atender sus demandas, es el difícil equilibrio en el que se mueve el electo presidente Alan García, mientras diseña las primeras medidas de su gobierno, que se iniciará el 28 de julio, y comienza a definir el que será su primer gabinete. Con un negro pasado en el manejo económico durante su anterior gobierno, entre 1985 y 1990, García nombraría a un economista ajeno a su partido en el puesto clave de ministro de Economía, como un gesto que busca crear confianza en lo que sería el manejo económico de su segundo gobierno.

El primer nombre voceado como posible ministro de Economía de García es el del economista Luis Carranza, ex viceministro de Economía del actual gobierno de Alejandro Toledo. Carranza es un neoliberal ortodoxo, a tal punto que renunció a un cargo en el Ministerio de Economía acusando al entonces ministro de esa cartera, Pedro Pablo Kuzcynski, un rígido neoliberal ligado a los grandes grupos de poder económico, de haber caído en algunas desviaciones populistas. Carranza, quien trabaja en Madrid como jefe de estudios económicos del Banco Bilbao Vizcaya, estuvo en Lima y se reunió con García entre la primera y la segunda vuelta para hablar sobre su posible nombramiento. “Carranza simboliza un nexo con los grandes grupos de poder económicos, locales y extranjeros, y eso marcaría su gestión. Poner como ministro de Economía a alguien identificado con la gestión económica neoliberal del actual gobierno sería un error que le abriría desde el inicio un flanco al gobierno de García”, le señaló a Página/12 el economista Humberto Campodónico, catedrático de la Universidad de San Marcos. Para el cargo también ha sonado el nombre del economista Humberto Arbulú, representante del FMI en Costa Rica. Luego de su triunfo electoral, una de las primeras personas en ir a saludar a García fue el ex ministro de Economía Javier Silva Ruete, actual director adjunto del FMI. En los últimos días, García y Silva Ruete se han reunido en varias ocasiones.

En opinión de Campodónico, el gobierno de García “no cambiará mucho el actual manejo económico del gobierno de Toledo, pero creo que, como Lula en Brasil, le daría más importancia al rol promotor del Estado, a la puesta en marcha de planes de desarrollo productivo local y a los programas sociales de alivio a la pobreza”. Sobre la relación del futuro gobierno con los empresarios, el economista señala que “probablemente García renegocie los contratos de explotación de los recursos naturales con las transnacionales para que paguen más impuestos y establezca algún impuesto a las sobreganancias de estas empresas, y a cambio de eso le dé a los empresarios el TLC (Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos)”. García ha anunciado que una de sus prioridades será poner en marcha un plan de desarrollo para el empobrecido sur andino, que votó por encima del 70 por ciento por Humala, pero el TLC afectaría principalmente precisamente al campesinado andino por el ingreso de productos agrícolas norteamericanos subsidiados. “Hay una contradicción entre el impacto negativo que tendrá el TLC en las zonas andinas y el anuncio de un plan para desarrollar el sur andino”, apunta Campodónico.

En diálogo con la prensa extranjera acreditada en Lima, realizado el viernes, García respaldó la firma del TLC, pero habló de un apoyo condicionado a este tratado: “El TLC estará sujeto a su verificación en los datos sociales”. García señaló que su gobierno también se propone impulsar las negociaciones de un TLC con la Unión Europea, la que ha planteado como condición que se negocie no bilateralmente sino a nivel de la Comunidad Andina (CAN). El retiro de Venezuela de la CAN fue un golpe a esa negociación. “Invoco al señor (Hugo) Chávez a que se mantenga dentro de la CAN para poder negociar con la Unión Europea con mayor vigor y unidad”, afirmó García, tendiendo nuevamente un puente hacia Caracas. “Un TLC con la Unión Europea compensará los temores de que un TLC con Estados Unidos subordine a nuestro país”, agregó.

En diálogo con Página/12, Enrique Cornejo, jefe del plan económico del partido aprista, señaló que el futuro gobierno “mantendrá la política macroeconómica y monetaria del actual gobierno sin cambiar nada: estabilidad económica y una gran apertura para atraer inversiones”. La primera medida económica que tomará el próximo gobierno será reducir los sueldos del presidente –actualmente en 18 mil dólares– y de los altos funcionarios públicos a la mitad; reducir al mínimo la publicidad estatal y los contratos de consultores. “Con esto esperamos ahorrar unos 470 millones de dólares en un año, que invertiremos en programas sociales y para desarrollar el agro”, señala Cornejo. Todavía no hay gabinete, pero todo apunta a que el gobierno de García comienza a tomar un rumbo hacia el centroderecha.