El Tribunal Oral 4 de Morón también dispuso que en el juicio oral y público contra Julio César Grassi no serán tomados en cuenta los testimonios de los menores incorporados en la etapa de instrucción. Por lo cual los menores –que no tienen abogados defensores que puedan tomar parte en el debate– tendrían que volver a declarar en el juicio. “Esto no sólo revictimiza a los menores sino que viola la declaración internacional de los Derechos del Niño y los tratados internacionales que suscribe nuestro país”, reconoció el abogado del Comité Argentino de Defensa de la Niñez, Juan Pablo Gallego, al ser consultado por Página/12. Y mostró su preocupación por las “presiones que se están ejerciendo sobre los dos menores” (Gabriel y Ezequiel), que denunciaron a Grassi en el informe periodístico y ante la Justicia.

La Justicia de Morón había determinado que Ezequiel (que todavía es menor de edad) no volvería a declarar. Sobre todo después de la “maniobra” que intentó dar vuelta su testimonio con la anuencia de dos jueces de menores, Ricardo Oyama y Clementina Landolfi, y uno de los entonces abogados de Grassi, Miguel Angel Pierri, quien fue encarcelado por el hecho. Aunque los jueces, sobre los que pende un jury de enjuiciamiento por el mismo motivo, todavía siguen impartiendo justicia en los Tribunales de Morón.

La otra víctima, Gabriel, “se negó el martes a firmar un escrito en la fiscalía de Morón que le exigían los fiscales”, según reveló a este diario una fuente de la propia fiscalía. La negativa de Gabriel tuvo origen en otra documentación que le hicieron firmar, en la cual abandonó –sin saberlo– su rol de particular damnificado, lo que lo dejó sin defensa en el juicio.

Esta era una preocupación que también expresó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuando solicitó al Tribunal que sea incorporado como veedor en el debate oral para garantizar los derechos de los menores. Una garantía que la decisión del Tribunal no respetaría.

Precisamente, los jueces Pedro Rodríguez, Carlos Roberto Torti y Rodolfo Castañares enfrentan una investigación por su conducta en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, pero ayer salieron a responder las acusaciones de Gallego y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y presidenta del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño (Cassadin), Estela de Carlotto. A través de un comunicado, los jueces dijeron que trabajan “honradamente” y denunciaron una “campaña mediática” en su contra: sostuvieron que “la causa es absolutamente regular y pública, el tribunal es imparcial y ambas partes se manejan dentro de la legalidad”. Cuestionaron en ese marco “una campaña de desprestigio motorizada por denuncias y apariciones públicas, que proviene de quien fuera parte y extrañamente debiera cuidar de dichos valores republicanos y democráticos”.