Trece personas murieron ayer en una ofensiva de la policía contra una prisión de San Pablo para, según declararon, evitar un ataque contra quince agentes penitenciarios. “Tengo absoluta certeza de que la orden partió de una organización criminal”, afirmó el comisario Marco Antonio Santos, que no obstante no pudo determinar de qué grupo se trataba. Según Santos, el objetivo era matar a los quince hombres del servicio penitenciario que terminaban su turno a la mañana. Sin embargo, la policía lanzó el operativo antes. Desde la ola de violencia que dejó más de 300 muertos, las autoridades del estado más rico y poblado de Brasil implementaron una política de seguridad mucho más dura.

En el enfrentamiento, un policía resultó herido y se incautaron 15 armas y seis autos. El comisario Santos fue muy extenso sobre los detalles del operativo. “Desde hace diez días sabíamos cuál era el hecho concreto que planificaban, y desde hace cinco días estábamos haciendo guardia, sin dormir, frente a los cuatro CDP (Centros de Detención Provisoria)”, explicó el policía. También destacó que sus fuentes habían sido informantes e infiltrados en los grupos criminales. Santos no fue el único que se congratuló con el operativo. “La policía está alerta”, aseguró el gobernador del estado de San Pablo, Claudio Lembo, que quedó muy golpeado por los cientos de muertos que dejaron los ataques del mes pasado.

Tanto políticos como policías intentaron difundir una imagen de solidez y fortaleza, que buscaba contrastar con la anarquía que se había vivido sólo semanas atrás. “La situación está totalmente calma. No hay ningún problema en San Pablo”, sostuvo el gobernador. Sin embargo, la situación no es tan simple. A pesar de que el operativo se promocionó como un éxito de la policía, que se muestra un paso adelante de los comandos narcos, la ofensiva de ayer deja muchas zonas grises. El comisario Santos declaró que se detuvo a cinco de los atacantes, tres de ellos mujeres. Aunque no dudó en afirmar que pertenecen a organizaciones criminales, no pudo determinar de qué grupo se trata, ni si tienen relación con el Principal Comando de la Capital, el responsable de los ataques de mayo.

La inteligencia de la policía trabajó los quince días anteriores para recopilar información. Su conclusión fue que distintos grupos de atacantes, enviados por organizaciones criminales como las que atacaron el mes pasado, iban a intentar matar a los agentes de seguridad penitenciaria de los CDP de San Bernardo do Campo, Diadema, Santo André y Mauá. Sólo hubo un enfrentamiento en el primero.

Según la policía, el objetivo final era presionar para que se flexibilicen las condiciones de seguridad, que habían sido endurecidas después de la ola de violencia de mayo. Sin embargo, en otro de los CDP del estado, un grupo de quince agentes penitenciarios se negó a ingresar a la prisión en protesta por la inseguridad que sufren en su trabajo. Cada uno de estos centros de reclusión aloja un promedio de 1500 prisioneros. El comisario Santos no quiso precisar a la prensa el número de agentes de seguridad que se encarga de la vigilancia en esas cárceles.