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La zona desmilitarizada del Caguán tiene de 42.000 km2, donde viven 100.000 personas, a la espera de una orden del gobierno para recuperarla del dominio de los rebeldes de las FARC, que según las autoridades se levantaron de la mesa de paz. Esta zona, tan extensa como Suiza y dos veces más grande que El Salvador, rica en ganadería y tierras cultivables y, según el ejército colombiano, con unas 10.000 hectáreas de plantaciones de coca, comprende los municipios de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá (42.000 habitantes), así como Mesetas (14.000), La Macarena (18.000), La Uribe (10.000) y Vistahermosa (19.000), en el departamento de Meta.
La zona del despeje que las FARC deben abandonar ha sido motivo de una constante polémica con el alto mando del ejército. La vigencia legal de esta zona vencía el próximo 20 de enero. Los militares colombianos, en coincidencia con Estados Unidos, afirman que los guerrilleros utilizaron la zona de despeje para rearmarse, entrenarse en tácticas terroristas, traficar con cocaína y esconder allí a las personas secuestradas, y no para dialogar sinceramente por la paz. El mando rebelde niega esas acusaciones, atribuyéndolas a una “actitud bélica” de los jefes del ejército, que, según dice, “ha obstaculizado permanentemente las conversaciones de paz”. La zona está próxima a la estratégica base militar de Tres Esquinas (800 km al sur de Bogotá, en Caquetá), donde expertos estadounidenses han entrenado en los últimos dos años a más de 2000 soldados colombianos en tácticas de lucha antidrogas, en el marco del Plan Colombia de combate antinarcóticos, que Washington financia con 1300 millones de dólares en ayuda económica y militar. Las FARC han dicho que el fin de la zona desmilitarizada supone automáticamente el término del esquema de pacificación y el inicio de la guerra total en Colombia.