Las tensiones políticas y judiciales que precedieron a la multitudinaria marcha realizada ayer por los independentistas vascos en la ciudad de Bilbao son el vivo reflejo de las dificultades que atraviesan las negociaciones de paz entre el gobierno español y el grupo separatista ETA. Una soterrada guerra mediática de comunicados y pronunciamientos políticos ha acompañado durante todo el verano peninsular las conversaciones secretas que llevan a cabo representantes de las partes involucradas en el histórico conflicto. Habrá que esperar la llegada de septiembre para develar el máximo misterio de la agenda política española de los últimos tiempos: ¿avanza hacia buen puerto el proceso de paz o está a punto de echarse a perder definitivamente?

La primera en abrir el fuego en los medios fue ETA, el 18 de agosto pasado, cuando a través del diario vasco Gara rompió el silencio y la modorra política veraniega con un comunicado en el que advertía que el proceso estaba en crisis y hacía responsable de ello al Partido Socialista en el gobierno y al Partido Nacionalista Vasco, que gobierna el País Vasco. El grupo separatista se quejaba de que el PSOE no estaba cumpliendo con sus compromisos, acosando a la izquierda vasca a través de la presión judicial. Según ETA, el partido de José Luis Rodríguez Zapatero sostiene el proceso sólo por intereses electoralistas y lo está vaciando poco a poco de contenido.

La respuesta del gobierno español no se hizo esperar, y detrás de ella se desató una auténtica catarata de declaraciones del resto de las fuerzas políticas nacionales y regionales, que dejaron en claro la complejidad del proceso y la multitud de intereses contrapuestos que dificultarán su marcha en los próximos meses.

Según el PSOE, ETA intenta tutelar el proceso de paz, extorsionando a la sociedad civil con su regreso a la lucha armada, algo que juzga como un chantaje inaceptable. Detrás de los socialistas se alinearon en pocas horas la mayor parte de las fuerzas políticas españolas, a excepción, como no podía ser de otra manera, del Partido Popular, que aprovechó la brecha abierta para recomendarle a Zapatero que abandone el proceso y regrese a una política de lucha frontal con la organización independentista. El PP no tiene propuestas para superar el conflicto por otras vías y sólo se limita a sugerir un retorno al statu quo anterior, algo que revela las dificultades internas que está atravesando. Su máximo líder, Mariano Rajoy, se ha empecinado en mantener una oposición frontal a los socialistas en este terreno, mientras que cada vez son más las voces internas que reclaman un acercamiento al gobierno en su política de paz.

Esta guerra de comunicados se produjo en medio de una durísima puja entre el brazo político de ETA, Herri Batasuna, y la Justicia española a raíz de la convocatoria a dos marchas de fuerte carácter independentista que tuvieron lugar en el País Vasco durante el mes de agosto. La primera de ellas se realizó el domingo 13 en la ciudad de San Sebastián y fue convocada por un grupo de ciudadanos vascos supuestamente sin ninguna vinculación política con Batasuna. La otra se hizo ayer en la ciudad de Bilbao y se convocó de la misma manera. Los dirigentes de la izquierda vasca se limitaron a anunciar su presencia unos días antes y sugirieron a la ciudadanía que no llevaran a la manifestación ni banderas ni pancartas que pudieran relacionar la marcha con las reivindicaciones etarras. Pero esta obsesión por cuidar las formas sólo dejó en claro una cosa: que la izquierda independentista tiene muchas maneras de movilizar a los suyos, eludiendo el cerco judicial que le impide manifestarse de forma pública al estar ilegalizada desde hace tres años como formación política. El Partido Popular no dejó escapar su oportunidad de hacer pública esta lectura política de las manifestaciones y se quejó de que el gobierno de Rodríguez Zapatero no estaba haciendo todo lo posible por prohibirlas. Cuando comprendió que el PSOE no estaba por la labor, el PP recurrió al Partido Nacionalista Vasco, al que le sugirió que había indicios suficientes de que esos ciudadanos que estaban convocando a la marcha tenían vinculaciones más que comprobadas con familiares y dirigentes de Herri Batasuna. El PNV prefirió también hacer oídos sordos al reclamo de la derecha y dejó que las marchas se llevaran a cabo. Los jueces poco pudieron hacer cuando la Fiscalía dejó en claro que tampoco pensaba proponer una prohibición de las manifestaciones y terminaron por permitirlas hasta que no hubiera constancia de que los participantes compartían las consignas políticas de ETA.

Los independentistas entendieron el mensaje con rapidez y los manifestantes sólo llevaron pancartas pidiendo “Autodeterminación”, “Democracia para el País Vasco”, “Independencia” y “Regreso de los presos a casa”. La batalla política de Herri Batasuna por ganar la calle y demostrar de ese modo su fuerza social estaba ganada. Sin ese balón de oxígeno que le dan las multitudinarias manifestaciones de los últimos días, a ETA le resultaría muy difícil seguir adelante con las negociaciones de paz, salvo que estuviera dispuesta a firmar una rendición incondicional, algo que nadie supone en España que pueda llegar a suceder por ahora.