El gobierno italiano se está preparando para la pelea más dura de su corta vida esta semana, contra el poder mediático y político de Silvio Berlusconi. La flagrante anomalía de la política italiana de los últimos 15 años ha sido el hecho de que el líder de su partido más grande, Forza Italia, es también el mayor magnate de los medios. Berlusconi es dueño de los tres canales de televisión Mediaset, además de diarios y una importante revista de noticias semanal, lo que fue considerado decisivo para su aplastante victoria en la elección de 2001. A pesar del tambaleante desempeño de la economía italiana, casi empata con la coalición de centroizquierda de Romano Prodi en abril –gracias, en parte, a su poder en los medios–.

La coalición de Prodi prometió reemplazar la ley del conflicto de intereses, promulgada por Berlusconi en 2004, con algo mucho más riguroso. Probablemente requerirá que Berlusconi coloque sus empresas a cargo de una fundación independiente antes de presentarse a elecciones. La semana que viene, una Comisión de Asuntos Constitucionales parlamentaria comienza a considerar la legislación en detalle. Pero ya vuelan las críticas. Los amigos de Berlusconi declaran (sin ninguna evidencia) que el verdadero propósito de la ley es sacarlo de la política, expropiar Mediaset y entregarla a “amigos de amigos” del gobierno.

Fedele Confalonieri, el jefe de Mediaset, estaba al rojo de ira en una entrevista con el diario La Repubblica. Comparó lo que él cree que está planeando el gobierno con lo que hicieron los partisanos comunistas cuando colgaron al cadáver de Mussolini en la Piazzale Loreto de Milán.

“Estoy en mi automóvil a 300 metros de la Piazzale Loreto y me parece una coincidencia fatal”, dice. “Hace muchos años, los reyes y los dictadores eran colgados de los pies. La Piazzale Loreto de Berlusconi corre el riesgo de ser la que desmantele su red televisiva. Mediaset no es una anomalía. Es una empresa sana que crea bienestar y empleo y representa una importante realidad en la industria de los medios de este país. El centroizquierda quiere barajar todo el mazo de cartas; quieren arreglar el juego a favor de sus amigos. Expropiación capitalista, a eso se llegó.”

Berlusconi mismo utilizó, en gran medida, una retórica igualmente violenta durante su última campaña electoral y el gobierno ya está a la defensiva. Prodi dijo: “La ley sobre el conflicto de intereses no es contra Berlusconi sino por la democracia. Es una ley como la que tienen todos los países modernos decentes. Estamos hablando sobre el hecho de que uno no puede ejercer dos profesiones que chocan entre sí, uno no puede ser referí y jugador”. Refiriéndose al hecho de que cuando fue primer ministro por última vez en 1996, su gobierno no se ocupó del tema, Prodi señaló: “Aprobaremos la ley en forma serena y tan pronto como sea posible. Escarmenté porque no promulgamos esta ley la última vez que estuve en el gobierno. No quiero tener que arrepentirme por ello una segunda vez.” Pero el único ministro del gobierno de Prodi que se interesa con pasión por el tema es Antonio di Pietro, ministro de Infraestructura, que fue uno de los principales magistrados que investigó el enorme escándalo de sobornos que derrotó al sistema político corrupto de Italia hace 14 años. “Es vital que el Parlamento resuelva este asunto tan pronto como sea posible”, dijo.

“Debemos enviar una poderosa señal de discontinuidad con los años Berlusconi. La batalla consiste en llenar una laguna profunda, poner en línea las leyes italianas con las de otras democracias occidentales.” El gobierno de Prodi ya muestra señales de desgastarse con este tema. Clemente Mastella, el ministro de Justicia centrista, le dijo a Il Giornale, uno de los diarios de Berlusconi: “Prodi está cometiendo un gran error al poner el tema sobre el tapete ahora. Vamos al Líbano, estamos buscando la colaboración del centroderecha con el presupuesto, de manera que ¿por qué golpear ahora?”. Insinuando que puede negarse a apoyar la medida, dijo: “No tenemos suficientes bancas para aprobarlo”.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.