Los incidentes entre oficialistas y opositores marcaron el paro de actividades de los departamentos autonomistas de la denominada “medialuna” contra el gobierno indígena de Evo Morales. Fue la imagen invertida de la Bolivia de los últimos años: quienes siempre criticaron los bloqueos bloqueaban y quienes siempre defendieron el “derecho a la protesta” llamaban a respetar la libertad de los que querían trasladarse hasta sus lugares de trabajo.

El paro cívico de 24 horas que comenzó y terminó ayer fue decretado por una confluencia de movimientos cívicos, organizaciones empresariales y partidos conservadores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando para protestar ante lo que consideran una “aplanadora” del gobierno en la Asamblea Constituyente. Aducen que el rechazo del Movimiento al Socialismo (MAS) a la aprobación por dos tercios de los artículos de la nueva Constitución traduce la voluntad oficialista de redactar una Carta Magna a su medida y que el carácter plenipotenciario de la convención es la antesala de una dictadura de Evo Morales.

Desde la madrugada, grupos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) se apostaron en las rotondas de Santa Cruz de la Sierra, una ciudad construida como una sucesión de anillos concéntricos, para persuadir a quienes desoyeron la convocatoria político-regionalista. Y escenas similares se vieron en el resto de los departamentos díscolos al gobierno socialista. El apoyo empresarial –que declaró una especie de lockout patronal– y el bloqueo de calles con camiones, micros y automóviles contribuyeron a dar una imagen de desolación a las capitales departamentales. Pero en los barrios periféricos, las ciudades intermedias y los pueblos rurales la contundencia fue menor. Y llegó a ser nula en las localidades pobladas por migrantes collas o indígenas locales que adhieren al MAS.

La evaluación del paro fue parte de la guerra mediática. Para el presidente del comité cívico cruceño, Germán Antelo, la medida “fue un éxito rotundo”. Mientras que para el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, la huelga funcionó “en base a intimidación, sin convicción ciudadana”. Obreros del Parque Industrial cruceño denunciaron en el Canal 7 que algunos empresarios los hicieron trabajar a puertas cerradas, fingiendo que estaban cumpliendo la huelga.

En varios puntos, especialmente en Santa Cruz y Tarija –dos regiones en las que ganó el MAS pero también el sí a las autonomías el pasado 2 de julio–, hubo enfrentamientos entre militantes oficialistas y grupos autonomistas radicalizados. En barrios cruceños como Pampa de la Isla, Villa 1º de Mayo o la ex terminal de buses se registraron balaceras entre comerciantes y jóvenes de la UJC que los obligaron –persuadieron dicen ellos– a cerrar sus comercios, y la misma escena pudo verse en los mercados campesinos. En la madrugada, desconocidos arrojaron dos bombas molotov contra la sede cruceña del canal estatal sin causar mayores daños. Algunos canales de televisión mostraron a jóvenes cruceñistas ebrios bloqueando calles y cobrando “peaje” a quienes circulaban con salvoconductos del comité cívico. La ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, denunció que médicos cubanos fueron amedrentados por “unionistas” que escribieron en sus domicilios “Evo dictador”.

El barrio Plan 3000 de los suburbios de Santa Cruz de la Sierra, donde la presencia del MAS es mayoritaria, fue una especie de zona liberada del antiautonomismo: los vecinos pobres rechazaron a los piquetes de la UJC que intentaron ingresar y ambos bandos se enfrentaron con palos y piedras. También las barras bravas contribuyeron a la parálisis de actividades: el regionalismo juntó a las archienemigas hinchadas de Oriente Petrolero y Blooming para pinchar llantas, romper vidrios y desanimar con su sola presencia –entre banderas verdes y blancas– a quienes pensaran circular por las avenidas cruceñas. En los otros departamentos los incidentes fueron de menor envergadura.

“Es la primera vez que hay resistencia organizada a un paro decretado por el comité cívico de Santa Cruz, muchos lo vieron como un paro político, pero mientras los sectores populares están protegidos en sus barrios contra los grupos violentos, las clases medias no tienen mecanismos para expresar su disconformidad sin ser agredidos, no se animan a salir a la calle, viven el paro como un secuestro en sus propias casas”, le dijo telefónicamente a Página/12 la activista social cruceña Gabriela Montaño. “La lucha de clases está llegando a Santa Cruz. Por un lado hay una rearticulación conservadora contra la política de cambio de Evo Morales y por el otro la consolidación del movimiento social en el oriente. Es un momento de resquebrajamiento del poder político-empresarial en esa región de Bolivia”, dijo un funcionario del círculo íntimo del presidente boliviano. Sin embargo, todos reconocen que las elites locales aún conservan el control de los resortes del poder regional y una influencia no despreciable en la población, con lo que la pelea no será un camino de rosas para Evo Morales.

Desde Santa Cruz, voceros de la huelga como el cívico Germán Antelo o el presidente de los empresarios privados, Branko Marinkovic, sostuvieron que con esta medida se ha dado un claro mensaje contra la vía totalitaria que estaría transitando el gobierno socialista. Nadie les saca de la cabeza que Hugo Chávez es el espejo en el que Evo Morales se mira cada mañana y que su objetivo es cerrar el espacio político a cualquier manifestación opositora. Ayer, a los bloqueos del oriente se sumaron los del occidente: la carretera entre La Paz y Copacabana –pueblo turístico en la orilla del lago Titicaca– seguía sembrada de piedras: los campesinos reclaman el control de una hostería propiedad de los padres franciscanos. Argumentan “derechos ancestrales”.