Nada parece atemperar la crisis. Ni las concesiones que hizo el jueves el oficialista PAN al centroizquierdista PRD en la Cámara de Diputados para reconocerle espacios de poder ni las negociaciones en curso que éstos sostienen con el ejército para evitar un choque el próximo 16 de septiembre, durante el desfile militar y la Convención Nacional Democrática, parecen despejar el camino para la transmisión de poderes el 1º de diciembre. Pero el presidente Vicente Fox insiste en que su trabajo en los próximos tres meses es despejarle el camino a su sucesor, Felipe Calderón, y éste se envalentona asegurando que asumirá como presidente, pese a los amagos de la oposición que insiste no sólo en que se lo impedirá, sino que su verdadero objetivo es obligar así al Congreso de la Unión a designar a un presidente interino.

Por si las dudas, el partido oficialista anunció que ya prepara un plan B para que la ceremonia pueda realizarse sin la intervención de los legisladores de la coalición Por el Bien de Todos que el pasado 1º de septiembre impidieron a Fox rendir su sexto informe de gobierno al tomar la tribuna legislativa. Nadie sabe qué harán esta vez, pero el coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, advierte: “No sé si (Calderón) podrá tomar posesión como presidente; y si logra, no sé si va a terminar”.

Por lo pronto, los reclamos de fraude se incrementaron en los últimos días, cuando trascendió que, desde los meandros del poder, el presidente Vicente Fox habría intimidado a los magistrados del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el martes pasado declaró presidente electo al oficialista Felipe Calderón, según denuncia de Porfirio Muñoz Ledo, un fundador del PRD que rompió con ese partido en el 2000 para integrarse al equipo foxista, en cuya administración fue embajador de México en la Unión Europea.

De vuelta al redil, ahora como asesor de López Obrador, el también ex embajador mexicano ante la ONU y ex presidente del PRI en los años ’70 y ex presidente del PRD en los ’90 dijo contar con información “del más alto nivel en el Poder Judicial” sobre esta reunión, realizada hace dos semanas en casa del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela. Fox habría expuesto a los magistrados del Tribunal Electoral un panorama político y económico catastrófico si no pasaban por alto las irregularidades y, consecuentemente, anulaban la elección o si le daban el triunfo a López Obrador. La Presidencia de la República negó esta versión y acusó a Muñoz Ledo de mentir, pero éste reitero ayer que su fuente “es absolutamente confiable” y reclamó juicio político y penal contra los magistrados porque “faltaron a su deber constitucional”.

Hasta el periódico The New York Times se unió a las suspicacias y en un reportaje publicado esta semana reconoció que persiste la duda de fraude electoral, sin que el fallo del Tribunal haya servido para despejarla y otorgar certeza a la sociedad mexicana.

En este enrarecido ambiente, el Instituto Federal Electoral dio el primer paso hacia la destrucción de toda la documentación generada durante las elecciones presidenciales del pasado 2 de julio (boletas, actas de escrutinio y recursos de queja, y con ellas, toda evidencia en cualquier sentido), al negarle el acceso a esa información a la revista Proceso –el semanario informativo de mayor prestigio en el país–, que ahora recurrirá a la Suprema Corte para hacer valer el derecho ciudadano a la transparencia y rendición de cuentas gubernamental que le ha sido conculcado.