A la violencia de las guerrillas izquierdistas y paramilitares de ultraderecha se suma en Colombia la fabricación de atentados por el ejército. El jueves, tras la denuncia del hecho por parte de la prensa, el Ministerio de Defensa se vio obligado a revelar que cuatro oficiales del ejército están implicados en un atentado con bomba que mató a un civil e hirió a diez soldados como parte de un montaje para mostrar resultados positivos de la institución. En un comunicado leído ayer por el comandante del ejército, general Mario Montoya, el ministerio señaló que el ataque, atribuido inicialmente a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como el supuesto decomiso de varios explosivos en los últimos dos meses, al parecer no corresponde a la realidad.

Según un informe del Ministerio de Defensa, el propósito de los militares con estos atentados o simulaciones de ataques sería mostrar resultados positivos que posicionaran al ejército durante una época candente, como la previa a la toma de posesión del presidente, además de cobrar recompensas que el gobierno ofrece a informantes. Los analistas coincidieron en que este hecho debilita la imagen de la política de seguridad democrática, bandera del gobierno de Uribe, que asegura que durante su primer gobierno (2002-2006) logró reducir todos los indicadores de violencia en el país.

“Todos estamos sorprendidos y consideramos estos hechos totalmente censurables, rechazables. Procederemos a tomar todas las medidas del caso para que los responsables sean castigados de forma ejemplar”, dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. “Se trata de un caso aislado, como otros que se han conocido en meses pasados”, agregó. El ministro desestimó críticas de que el hecho esté motivado por la presión del gobierno a los militares para exigir resultados en la lucha contra las guerrillas. “No es producto de la presión, sino de corrupción y lo vamos a castigar. Aquí había un interés de querer cobrar la recompensa y no es producto de la presunta presión del gobierno”, enfatizó Santos.

El ataque, en el que murió un indigente y diez soldados resultaron heridos, se realizó el 31 de julio en Bogotá, al paso de dos camiones militares. El gobierno ofreció entonces una recompensa de más de 410.000 dólares por informaciones que permitieran capturar a los responsables.