Al final no era tan terrible. El presidente electo y líder sandinista Daniel Ortega ya no asusta tanto a los inversores extranjeros ni a los organismos de crédito internacionales, que se han comprometido a ayudar al próximo gobierno con unos 200 millones de dólares. Ortega visitó ayer la principal inversión estadounidense en el país, paseó con los empresarios y les mostró que no hay nada que temer. Al mismo tiempo, el Banco Central terminó de negociar con el FMI un nuevo programa. Con el acuerdo, este país mayoritariamente pobre se aseguraría ayuda económica, pero también un menor margen de maniobra para futuros cambios macroeconómicos.

Estados Unidos también está dando señales de una posible reconciliación. Las relaciones entre el sandinismo y la embajada estadounidense en Managua habían quedado muy tensas después de las repetidas intervenciones del embajador Paul Trivelli durante la campaña en contra del entonces candidato sandinista. Ayer, este diplomático hizo lo que hubiera sido impensado sólo un mes atrás. Anunció que se reunirá con Ortega a conversar y, después de diez días de la elección, reconoció su victoria. “Hemos dicho que obviamente ha ganado el señor Ortega y estamos dispuestos a trabajar con él en la medida en que él respete y trabaje para el futuro democrático de este país”, aseguró Trivelli, aunque no quiso decir cuándo será el encuentro.

Las promesas sandinistas de reconciliación y de respeto a la propiedad privada finalmente calaron en los organismos de crédito internacionales, que mantenían en suspenso sus préstamos y donaciones. El primero en confirmar que mantendrá los acuerdos firmados con el actual gobierno de Enrique Bolaños fue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La semana pasada anunció que desembolsará una cifra superior a los cien millones de dólares el próximo año. El BID también está analizando la posibilidad de condonar la totalidad de la deuda nicaragüense. En esta negociación, Ortega sumó otro aliado. El presidente colombiano Alvaro Uribe se postuló la semana pasada para mediar con el organismo a favor de Managua e, incluso, para facilitar un acercamiento entre Washington y el futuro gobierno sandinista, en caso de que fuera necesario. Ortega nunca contestó públicamente a esta oferta.

Otro que está listo para ayudar al próximo gobierno es el llamado Grupo de Apoyo Presupuestario de Nicaragua, un organismo multilateral cuyo objetivo es facilitar el balance financiero del país a través de donaciones. Este grupo –integrado por los países nórdicos, el Banco Mundial, el BID, entre otros– había condicionado los 80 millones prometidos para 2007 a la transparencia de las elecciones del 5 de noviembre pasado y a mantener los principios democráticos. El FMI también podría hacer un préstamo por 20 millones a principios de diciembre, claro está, si primero el gobierno de Bolaños firma el acuerdo con el organismo, seguramente durante la visita del director para el hemisferio occidental la semana próxima.

Desde que sus rivales reconocieron su victoria electoral, Ortega se ha puesto como objetivo principal desmitificar la imagen que la embajada estadounidense, algunos senadores del Capitolio y la derecha nicaragüense se esforzaron en forjar durante todo el año. La semana pasada, el presidente electo les hizo un guiño a los sectores más conservadores de su país. Prometió promulgar las reformas constitucionales, que él mismo había aprobado, junto a la bancada liberal, en el Congreso para reducir los poderes del presidente. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tendría que someter los nombramientos de sus ministros a la aprobación del Congreso, creando gabinetes más moderados. Estos cambios, no obstante, recién entrarían en juego en los gobiernos que le sigan al de Ortega.

Los más críticos al sandinismo se preguntan ahora si Ortega podrá cumplir con los organismos internacionales y los empresarios, y con sus promesas de campaña al mismo tiempo. O si tendrá que sacrificar alguna.