Los comités cívicos de ocho de los nueve departamentos (provincias) de Bolivia dieron tres días de plazo al gobierno de Evo Morales para que su partido diera un paso atrás en la Asamblea Constituyente y desistiera en utilizar su mayoría absoluta como sistema de votación preponderante para redactar y aprobar un nuevo texto constitucional. Si hasta el viernes próximo el Movimiento al Socialismo no cumple con esta exigencia, los dirigentes llamarán a un paro cívico nacional de 24 horas y a partir del lunes 4 de diciembre entrarán en una huelga de hambre general.

Los cívicos, principales opositores al gobierno de Evo Morales, saben que los únicos que tienen la fuerza necesaria para hacer cumplir la amenaza son los departamentos de la llamada Media Luna: Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, por lo que dejaron abierta la posibilidad de que el representante paceño negocie con el gobierno dejar sin efecto las medidas de presión. Estas no dejaron contentos a los prefectos (gobernadores), que esperaban medidas más duras a las cuales plegarse. No fue el único revés que sufrieron. Al mediodía, el prefecto paceño, José Luis Paredes, anunció que no asistiría a la reunión y cambió absolutamente su posición política, tildando a sus colegas de oligarcas y derechistas. En lugar de llegar hasta Cochabamba, prefirió llevar alimentos a los marchistas indígenas que viajan hacia La Paz para exigir el cambio de la ley de tierras (ver recuadro).

Con Evo de gira por Europa, Africa y Centroamérica, el vicepresidente, Alvaro García Linera, asumió el liderazgo de las negociaciones con las tres fuerzas de oposición. Durante el fin de semana, el presidente interino se reunió con Podemos, MNR y Unidad Nacional para intentar llegar a un acuerdo intermedio, que reconozca la hegemonía del MAS en la Asamblea Constituyente pero que abra mayores espacios de participación y decisión para la minoría. Esto debería ser intercambiado por el regreso de los senadores opositores a las sesiones y la aprobación de las reformas a la Ley del Instituto Nacional del Reforma Agraria, que regula la tenencia de tierras en Bolivia.

Sin embargo, tras el fracaso sucesivo de las tres rondas de diálogo, la oposición no volvió al Senado, Evo abordó el avión que lo trasladó a Holanda el sábado sabiendo de las tormentas que se sucederían durante esta semana. Y la primera comenzó ayer.

Los cívicos y prefectos (gobernadores) opositores al gobierno coincidieron en Cochabamba para definir medidas de presión, pero los movimientos sociales no se quedaron con los brazos cruzados. Desde las 8 rodearon la plaza 14 de Septiembre y cercaron la prefectura (gobernación), con las cinco autoridades departamentales que asistieron a la cita. Al principio, los seguidores de Manfred Reyes Villa, gobernador de Cochabamba, repelieron fácilmente a los seguidores de Evo y golpearon a algunos dirigentes. Esto fue advertido de inmediato por la Policía, que para evitar mayores enfrentamientos sacó a los militantes de Reyes Villa de la plaza.

A partir de ese momento, la tensión creció con cada minuto que pasaba. Al mediodía, la policía calculaba que 1000 manifestantes, armados con mástiles de banderas que asemejaban lanzas presionaban a los policías, que hacían hasta lo imposible para no caer en viejas tentaciones. Tenían la orden de prevenir enfrentamientos, pero no de utilizar agentes químicos para dispersar a los manifestantes.

Al grito de “Bolivia Unida jamás será vencida”, los marchistas presionaban cada vez más a la Policía, que era retenida con tacto por el comandante departamental de la institución. Sin embargo, cuando su atención se vio obligada a centrarse en el intento de toma de la oficina donde estaban sesionando los cívicos, los policías que custodiaban la plaza se vieron obligados de utilizar gases lacrimógenos para evitar que tomaran la Prefectura.

Desde ahí reinó el descontrol. Los policías utilizaron un carro antimotines para repeler a los masistas y éstos la emprendieron golpes contra tres periodistas locales. Cuando la calma volvió a la plaza, los partidarios de Evo se reagruparon y resolvieron declararle una guerra sin cuartel a Reyes Villa, hasta obligarlo a renunciar. Para ello han prometido cercar con bloqueos Cochabamba, impidiendo, al mismo tiempo, que los empresarios del agro de Santa Cruz puedan exportar sus productos.

Desde La Paz, García Linera ya fijó su posición: el gobierno no retrocederá y ratifica la mayoría absoluta en la Constituyente, las reformas a la ley de tierras y su proyecto de ley de fiscalización de los gobernadores. Desde las regiones autonomistas preparan el paro cívico para el viernes, mientras los movimientos sociales fieles a Evo se preparan para bloquear. El plazo corre y quedan tres días para evitar que Bolivia vuelva a la convulsión social.