Dos importantes grupos de defensa de derechos humanos presentaron ayer una demanda contra el secretario de Defensa saliente, Donald Rumsfeld, y otros mandos militares por torturas y abusos. El trámite se produjo el mismo día en que Rumsfeld afirmó que su peor momento al frente del Pentágono fue cuando se enteró de las torturas practicadas en la prisión iraquí de Abu Ghraib.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) y el grupo Human Rights Watch presentaron la demanda ante un tribunal federal en Washington en nombre de nueve personas que estuvieron en prisiones militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Según la demanda, los nueve fueron sometidos a abusos, torturas y otros tratamientos crueles y degradantes, incluidas palizas graves y repetidas, heridas con cuchillos, humillación y abuso sexual, simulacros de ejecución y amenazas de muerte.

Rumsfeld, quien abandonará su cargo el 18 de diciembre, aparece en la querella como demandado junto con el general retirado Ricardo Sánchez, la ex generala de brigada Janis Karpinsky –quien aseguró hace algunas semanas que las órdenes de torturar vinieron de Rumsfeld y estaría dispuesta a declarar en su contra en un posible juicio– y el coronel Thomas Pappas.

Sánchez fue el comandante en jefe de las fuerzas de Estados Unidos después de la invasión de Irak en 2003, y Karpinsky tuvo bajo su responsabilidad la prisión de Abu Ghraib, donde se cometieron abusos conocidos mundialmente por la difusión de fotografías sobre la humillación a los prisioneros. El coronel Pappas estuvo un tiempo a cargo de las operaciones de Inteligencia y el interrogatorio de detenidos en Irak.

Las demandas buscan compensaciones para los querellantes y un dictamen del tribunal que declare que las acciones de Rumsfeld y los otros mandos violaron la Constitución de Estados Unidos, las leyes federales y la ley internacional. “Debe haber una responsabilidad legal ante un tribunal para los funcionarios gubernamentales de alto rango que ordenan o permiten la tortura en violación de las normas legales más fundamentales que rigen nuestra sociedad”, dijo el abogado Lucas Guttentag, de ACLU.

“Las querellas no responden a las acciones de unos pocos funcionarios que se descontrolaron. Este caso tiene que ver con una política mucho más amplia, una política generalizada que permitió la tortura”, sostuvo por su parte, Deborah Pearlstein, directora de Human Rights Watch. El coronel Mark Ballesteros, portavoz del Pentágono, rechazó ayer esa argumentación al sostener que no se encontraron pruebas de la existencia de una política generalizada que permitiese la tortura.

El juez federal Thomas Hogan debe decidir ahora si la Constitución de los Estados Unidos permite a los demandantes, que son todos ciudadanos extranjeros, presentar acusaciones. También deberá dictaminar si la inmunidad de que gozan los funcionarios del gobierno de Estados Unidos en estos casos abarca sus acciones y las de sus subordinados.

Mientras eran presentadas las demandas, Rumsfeld daba ayer un discurso de despedida ante los empleados del Pentágono, diez días antes de la fecha prevista para el traspaso del mando al ex jefe de la CIA Robert Gates. “Mi peor día al frente del Pentágono fue cuando me enteré de lo de la cárcel iraquí de Abu Ghraib, ver lo que pasaba allí y sintiendo profundamente lo ocurrido”, aseguró. Además, el funcionario saliente dijo que su gestión de seis años a cargo de la Defensa de su país será recordada en un contexto de “grandes retos e históricas consecuencias”.