Movimientos sociales y sindicales de Ecuador cuestionaron ayer el sistema que propuso el presidente Rafael Correa para la elección de los asambleístas que reformarán la Constitución. Según esos grupos, el sistema de elección para la Asamblea Constituyente, con la que Correa propone producir un cambio profundo en las estructuras políticas del país, beneficia a los partidos políticos en detrimento de las organizaciones sociales. Además, Correa recibió el primer golpe desde el Congreso, que decidió desoír las advertencias del presidente y designar al nuevo fiscal general, un hombre cercano al millonario Alvaro Noboa.

Según el estatuto, para la elección de los 87 asambleístas los movimientos ciudadanos deberán presentar al Tribunal Supremo Electoral un mínimo de firmas de respaldo equivalente a 1 por ciento de los ecuatorianos inscriptos en el padrón electoral. Sin embargo este requisito no se aplica a las organizaciones partidarias. Los dirigentes sociales expresaron por distintos medios que tal cual se presenta el sistema sólo logra favorecer a los partidos, y colocan en desigualdad de competencia a las organizaciones no partidarias que desean presentarse a elecciones. En esa línea coincidieron en reclamar la modificación del estatuto y dar garantías de equidad para incorporar la participación ciudadana en igualdad de condiciones.

“Ojalá esta Constituyente no sea secuestrada por los partidos políticos”, afirmó Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), al anunciar una campaña para modificar el reglamento de la Asamblea convocada mediante consulta popular. “No entendemos el estatuto como está hecho. Necesariamente nosotros vamos a empezar con la campaña para exigir cambios”, agregó.

Similar crítica formuló Eduardo Delgado, coordinador del grupo Gente Común. “Con este estatuto vamos hacia una Asamblea con los mismos de siempre para que no cambie nada, para que coexista el Congreso con la Constituyente”, indicó Delgado al canal Teleamazonas. A criterio de Delgado, Correa, quien asumió la presidencia el lunes pasado, no debe traicionar la confianza que le dieron los ecuatorianos en las urnas. Las críticas por izquierda, que buscan una reforma más radical, se suman a las de la derecha, que quiere impedir a toda costa que cambie el statu quo.