¿Para quién trabaja la policía francesa? ¿Para el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, o para el candidato de la derecha a las elecciones presidenciales, es decir, Nicolas Sarkozy? Esa es la pregunta que se hacía ayer una buena parte de la sociedad francesa cuando dos medios de prensa revelaron que, por tercera vez en las últimas semanas, un servicio de la policía secreta dependiente del Ministerio de Interior, los RG –Informaciones generales–, había no sólo espiado el patrimonio de la candidata socialista, Ségolène Royal, y su compañero y primer secretario del PS, François Hollande, sino también a los vecinos de la calle donde Sarkozy instaló el cuartel general de su campana electoral.

El semanario satírico Le Canard Enchaîné reveló en su edición de ayer que, a finales de noviembre, la dirección del servicio policial incriminado ordenó “sin equívoco” investigar el patrimonio inmobiliario de la pareja Royal/Hollande. Nicolas Sarkozy calificó la información como una calumnia y el organismo policial acusado desmintió la información. Sin embargo, la duda persiste doblemente. En primer lugar, porque el mismo semanario había revelado hace una semana que los RG habían investigado de cerca a uno de los colaboradores de Royal, información admitida por la policía. En segundo lugar, porque en la segunda quincena del mes un rumor surgido en Internet y amplificado por un diputado conservador acusó a la pareja socialista de haber efectuado un montaje financiero a fin de no pagar el impuesto a las grandes fortunas. La afirmación, que apuntaba a desestabilizar a la candidata, era falsa. Flota una sospecha de coincidencia entre ambos casos: las afirmaciones del Canard Enchaîné y las acusaciones públicas que siguieron después.

El segundo capítulo del escándalo también se originó en la prensa. El semanario Le Nouvel Observateur informó este jueves que los vecinos de la calle Enghien donde Nicolas Sarkozy había instalado su cuartel general estaban bajo estrecha vigilancia policial a cargo de una rama del mismo servicio de Informaciones Generales. Los habitantes de tres edificios sitiados enfrente del Nº 18 de la Rue d’Enghien, en el distrito Nº 10 de París, recibieron un sobre con la invitación de responder rápidamente a un “censo de seguridad”. Cuando la gente llamaba por teléfono al número indicado, un policía, que no revelaba su pertenencia a los RG, los interrogaba sobre su situación personal y terminaba advirtiéndoles que no dejaran entrar a ningún fotógrafo debido a los riesgos terroristas o a la posibilidad de que un francotirador se escondiera en los edificios. Una vecina del barrio decía ayer: “Es intolerable. Vivimos con el sentimiento de estar en una ciudad prohibida, bajo la supervisión de un Big Brother que se llama Nicolas Sarkozy”. La polémica ganó rápidamente la clase política, tanto más cuanto que ningún otro candidato es objeto de tantos cuidados policiales. El abogado de Ségolène Royal y François Hollande criticó la intromisión en la intimidad de la población: “Esta vez estamos frente a una empresa de fichaje sistemático de los ciudadanos con fines personales”.

Los socialistas se dirigieron al presidente francés, Jacques Chirac, para pedirle que garantice la “imparcialidad” del Estado en la campaña electoral. Pese a los ya tres escándalos sucesivos en torno del mismo tema, es decir, la utilización de la policía con fines electorales personales, Nicolas Sarkozy se niega a renunciar a su cargo. El martes trascendió también que la policía había recurrido a las costosas pruebas de ADN para encontrar a los autores del robo de la moto de un hijo de Nicolas Sarkozy. La campaña no hace sino envenenarse cada semana con matices inéditos en Francia. Con todo, a pesar de estar cada vez más en el centro del ciclón, el candidato conservador mantiene la preferencia de la opinión pública. Los últimos nueve sondeos realizados ubican a Nicolas Sarkozy en la cima de las opciones con diferencias que varían entre 4 y 8 puntos. Muchos socialistas reclaman un saneamiento de la estrategia electoral, pero todo parece suspendido hasta mediados de febrero, cuando la candidata socialista haga la síntesis de sus debates participativos y ponga sobre la mesa su programa.