El gobierno de Rafael Correa planteó ayer la posibilidad de tener que posponer la fecha prevista para la realización de una consulta popular –el 18 de marzo– y apostó al diálogo con el Congreso para lograr el respaldo a su convocatoria a una Asamblea Constituyente. El Parlamento opositor hizo un gesto para bajar la tensión con el Ejecutivo al decidir revocar la designación del fiscal nacional Francisco Cucalón, un cargo equivalente al de presidente de la Corte Suprema.

El subsecretario de Gobierno, Eduardo Paredes, admitió ayer que se presenta difícil que la consulta pueda llevarse a cabo el próximo 18 de marzo ante el poco tiempo que existiría para la realización del referéndum. Al mismo tiempo, Correa llamó a los legisladores del Congreso unicameral, donde existe una mayoría de oposición, a “someterse al clamor de sus electores y no a sus líderes políticos”, tras afirmar que más del 80 por ciento de la población quiere la Asamblea Constituyente.

Pero la distancia entre el Legislativo y el Ejecutivo intentó acortarse ayer con la llegada del ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Larrea, al Congreso para mantener un diálogo con los representantes de los bloques legislativos para “concretar una agenda de gobernabilidad”. En el clima de tensión y violencia instalado tras los incidentes del martes en el Parlamento, éste revocó ayer la designación del cuestionado fiscal y comenzó a analizar la terna preparada por el Consejo de la Judicatura. Cucalón es un ex magistrado cercano al ex presidente Alvaro Novoa, cuya fuerza política Priam controla la primera minoría en el Congreso. Ayer presentó su renuncia de manera voluntaria, luego de catorce días de no poder asumir en la práctica su cargo, ya que las oficinas habían sido ocupadas por leales a Correa que rechazaban la constitucionalidad de su nombramiento.

Bajo una redoblada custodia policial, ayer los diputados pudieron instalarse en sesión ordinaria para analizar lo relacionado con la convocatoria a la consulta popular sobre una Constituyente.

No obstante su marcada oposición a Correa, a quien los legisladores acusaron de instigar la violencia en su contra durante las protestas, el Congreso sumaría los votos necesarios para “favorecer” la consulta, según el jefe de ese órgano, Jorge Cevallos. “Si el gobierno hubiera permitido que el Congreso trabajara ayer (el martes), ya existiría una aprobación porque había los votos”, publicó el diario Hoy. Pero el diputado derechista Carlos Larreátegui había anticipado que el Congreso podría devolver el proyecto al tribunal electoral.