Legisladores integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) presentaron dos denuncias penales en contra del ex presidente Vicente Fox, por su intervención en el proceso electoral del 2 de julio para impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y asegurar el triunfo del candidato oficialista, el hoy presidente Felipe Calderón, y por presionar al gobernador de Coahuila, el priista Humberto Moreira, para encarcelar a inocentes por el accidente en la mina Pasta de Conchos, que hace un año les costó la vida a 65 mineros.

Diputados y senadores del Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia Democrática (integrantes del FAP) exigieron que la Procuraduría General de la República “cumpla con responsabilidad” su tarea de investigación. Fox fue acusado de cometer “delitos contra la soberanía popular y la voluntad ciudadana en las pasadas elecciones”, en la primera denuncia, y en la segunda (que incluye al ex secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar y a los empresarios responsables de la mina Pasta de Conchos), de encubrimiento, de atentar contra la administración de la Justicia, de colusión de servidores públicos, de abuso de autoridad y de peculado.

Fox reconoció la semana pasada en Washington, durante una conferencia en el Kennedy Center, su encono contra López Obrador: a finales de 2004, cuando fracasó en su intento por retirarle el fuero al que entonces era jefe de gobierno del Distrito Federal y punteaba las encuestas de preferencia electoral, con el objeto de sacarlo de la contienda, “tuve que retirarme y perdí; pero 18 meses después me desquité cuando ganó mi candidato”, Felipe Calderón. La denuncia del FAP establece que un dictamen del Tribunal Electoral y la confesión pública del ex presidente prueban que Fox sometió la soberanía nacional a su persona y a la de un grupo político, en perjuicio del pueblo de México, faltando así a la representatividad de la que estaba investido, toda vez que actuó con parcialidad favorable a su correligionario (Felipe Calderón), contendiente en el proceso electivo para sucederlo.

Y el lunes pasado, el gobernador de Coahuila, el priista Humberto Moreira, reveló que hace un año el presidente Vicente Fox le pidió meter en la cárcel a gente inocente para encubrir a funcionarios de la Secretaría del Trabajo federal, entre ellos a su entonces titular Francisco Javier Salazar Sáenz, tras el accidente en la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros, cuyos cuerpos hoy día no han sido rescatados. “En mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral, inventar delitos para otras personas, de ese tipo; entonces yo no me voy a callar, se equivocaron de gobernador.” También dijo que Fox lo presionó para abrir una causa penal en contra del dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, al que ya habían despojado del control de la central obrera e impuesto a un incondicional al gobierno federal y a las empresas mineras nacionales.