La confianza que el Senado italiano le renovó a Romano Prodi para que siga siendo presidente del Consejo de Ministros no avienta el fantasma de futuras crisis de gobierno: cualquier Senado surgido de la ley electoral pergeñada por Silvio Berlusconi en las postrimerías de su reinado (definida con impudicia como una “chanchada” por uno de sus ministros) carecerá de mayorías que puedan durar sin sobresaltos los cinco años que la Constitución prevé para cada Legislatura. La derecha privó a sus sucesores de un Senado donde siguiera existiendo el “premio de mayoría” que le permitió a Berlusconi transformarse en el más longevo jefe de gobierno en una historia republicana de gabinetes efímeros. El premio, en esa caprichosa legislación, es para los díscolos o los tránsfugas y debilita la estricta disciplina de partido sin la cual los sistemas parlamentarios no funcionan. Así, dos disidentes de la mayoría pueden provocar una crisis de gobierno con sólo ausentarse a la hora de votar y a uno de los referentes de la derecha le basta amagar con cambiar de bando para que todos los diarios le dediquen sus tapas.

A río revuelto, los pescadores más impensados creen que pueden salir gananciosos. Entre ellos, el puñado de senadores electos por los italianos emigrados (o sus descendientes). El voto de aquellos a quienes Italia reconoce su ciudadanía (a pesar de haber, en muchos casos, nacido fuera del país) fue inaugurado con la elección de 2006 y constituye una innovación única en el mundo, al asignar bancas a residentes en el extranjero. Lo que constituye un reconocimiento de derechos de parte de un país que obligó a millones a la emigración, corre el riesgo de dejar de ser una innovación virtuosa, para transformarse en un elemento vicioso, cuando se combina con las normas que resultan en un Senado empatado. Los incentivos al chantaje y a la obtención de ventajas particularistas echan leña al fuego de la inestabilidad, poniendo en tela de juicio la validez reivindicatoria de aquel reconocimiento.

La tormenta que atraviesa el gobierno de La Unión ha de ser vista con desasosiego desde Argentina, pues sucede mientras las diplomacias de Roma y de Buenos Aires se esfuerzan por reconstruir un vínculo abandonado al deterioro más agudo por Berlusconi. No en vano, fue el anterior gobierno de Prodi el que se constituyó en parte civil del juicio contra represores argentinos en Italia y fue el actual el que encargó las relaciones exteriores a un viejo amigo de la Argentina como Massimo D’Alema.

* Coordinador del Programa de Política Internacional, Laboratorio de Políticas Públicas.