La madrugada producía estragos en los rostros de los diputados cuando comenzó a discutirse la normalización del PAMI. A poco de comenzar el debate quedó en claro que el cansancio no estaba solamente en los rostros. Habían pasado diez minutos de la una de la mañana cuando 128 diputados respaldaron la iniciativa oficial con la que se apuesta a normalizar la obra social de los jubilados, quince votaron en contra y tres se abstuvieron. El proyecto que modifica el votado en 2005 por el Senado volverá a la Cámara alta. La conformación del directorio era la divisoria de aguas. La oposición cuestionó que el Estado se reservaba una clara mayoría que le permitiría controlarla. La probable incorporación de la CTA era el otro punto de la discordia. El oficialismo la sorteó pateando el tema para adelante y delegando en el Ejecutivo la definición de la interna entre la CGT y la CTA.

El proyecto no sólo se apoyaba en un débil equilibrio político, sino que además desafiaba al reloj. La versión de que el recinto sería desalojado a la medianoche, para que la seguridad presidencial se encargara de revisar el lugar donde Néstor Kirchner cumplirá hoy con la tradicional apertura del período ordinario de sesiones, ponía en jaque al proyecto. Una negociación con los hombres de negro permitió continuar la sesión.

En la versión del Senado se había definido que el PAMI tendría cinco directores. Ahora el oficialismo apostó a sentar allí a ocho miembros. Cuatro del Estado, dos de los jubilados y dos de los trabajadores activos. De esos dos, la CTA pretendía un asiento. Por lo menos así lo decía Edgardo Depetri. La CGT, en boca de Héctor Recalde, resistía esa idea.

La fórmula que el kirchnerismo había encontrado para sortear la interna fue incluir en la redacción un artículo que dijera que los trabajadores estarían representados por “entidades de representación jurídica”. Finalmente, nada de eso existió. En la discusión en particular, el oficialismo definió que esos asientos serán designados por el Ejecutivo.

El proyecto no sólo desafiaba la hora avanzada. De no aprobarse corría el riesgo de perder estado parlamentario. Eso explica que solamente cuatro diputados se anotaron en la lista de oradores. La defensa del proyecto la hizo la diputada Graciela Rosso. La legisladora sostuvo que la iniciativa apuesta a “seguir respetando la entidad jurídica de la institución de carácter público no estatal”. Rosso destacó que la propuesta del oficialismo “no tiene nada que ver, como señalan algunos, con la estatización del PAMI”.

El guante tenía una clara destinataria: la diputada del ARI María América González. Ella señaló que la mayoría del directorio “es estatal” y aseguró que la reforma a la ley del PAMI era anticonstitucional, ya que se desvirtuaba “la naturaleza jurídica de entidad pública no estatal”.

Hubo tiempo para que hablen la diputada del ARI Fabiana Ríos y también Claudio Lozano. A esa altura todo estaba definido. La votación puso el punto final para una noche agitada.