Hoy reanudan las clases en el campus de la Universidad Virginia Tech, una semana después de la mayor masacre jamás cometida en la historia de un establecimiento educativo de Estados Unidos. El viernes pasado fue día de duelo nacional y ayer se realizaron ceremonias funerarias en todo el país, destacándose un solemne homenaje en la catedral de Washington al mediodía.

La polémica a abrirse es sobre si se requieren mayores restricciones a la actual ley Brady, que exige que cualquier venta de armas de fuego por un vendedor reconocido a nivel federal esté precedida de una investigación sobre el comprador. Es obvio que la ley Brady no fue suficiente para evitar que Cho Seung-hui, que provocó la masacre de VT, fuera investigado por la Justicia por acoso a dos estudiantes en 2005 y por su paso por un psiquiátrico. Pero los grupos más bizarros del armamentismo sostienen que si los estudiantes hubieran estado armados, se habrían podido defender.

Philip van Cleave, presidente de la Liga de Defensa de los Ciudadanos de Virginia, afirmó: “Tenían control de armas en el campus (universitario) y terminó toda esa gente asesinada porque nadie pudo defenderse –dijo–. Queremos gente que pueda defenderse”.

El propio George Bush, cuyas campañas presidenciales fueron sostenidas por capitales armamentistas y con un fuerte lobby a favor de las armas, dijo que esperaba que la masacre de VT reavivara el debate sobre la venta de armas y ordenó el viernes que su gobierno examine las preguntas que surgieron a partir de la masacre y le remita recomendaciones para evitar una nueva tragedia. Sostuvo que su administración tomará parte en el debate, pero que era necesario dar tiempo para el duelo y para saber qué sucedió. La postura al respecto de la administración Bush es previsible. Casi como decir que el problema se soluciona matando a todos los armados.