El acuerdo entre legisladores demócratas y republicanos y la Casa Blanca sobre una nueva política de inmigración en Estados Unidos comenzó a ser debatido en el Senado con fuertes críticas de la izquierda y la derecha. El proyecto, que podría ser la mayor reforma migratoria en 40 años, corre el riesgo de no convertirse en ley o de sufrir un largo camino de enmiendas que lo alejen de su planteo original. El plan ofrece un nuevo sistema de admisión al inmigrante que prioriza la capacitación frente a los lazos familiares y el pago de una multa de residencia. Al mismo tiempo, establece que los empleadores controlen los antecedentes de sus empleados, aumenta las penas por violencia urbana y duplica la cantidad de agentes que patrullan la frontera con México. Con esto se modifica el marco legal para la entrada de trabajadores extranjeros y se aspira a legalizar a los 12 millones de trabajadores indocumentados que viven en Estados Unidos.

El proyecto que acordaron ambos partidos y en el que un cada vez más impopular Bush se juega una de sus últimas fichas antes de dejar el Capitolio exige a los inmigrantes sin papeles que quieran regularizar su situación que reconozcan que violaron la ley, paguen una multa de 5000 dólares, se sometan a una revisión de antecedentes penales y tengan trabajo fijo. De este modo, recibirán un permiso de residencia temporal mientras esperan una nueva “Visa Z” con la que podrán vivir y trabajar legalmente. Los que soliciten permisos de residencia permanente y ciudadanía norteamericana serán juzgados de acuerdo con un nuevo sistema de puntos en el que se privilegiará la capacitación y el conocimiento de inglés, además de los lazos consanguíneos. Una de las enmiendas en marcha pretende incluir el inglés como idioma oficial de EE.UU. Con este plan, los inmigrantes ilegales tendrán que esperar ocho años antes de ser residentes permanentes y al menos 13 para ser ciudadanos.

El nuevo sistema de otorgamiento de visas privilegia la formación del aspirante más que la reunificación familiar. Esta será restringida a cónyuge y menores de 21 años, los mayores de edad y los hermanos probablemente necesiten otras credenciales, como educación y especialidad en una tarea para obtener una visa de inmigrante. Nativo López, presidente de la Asociación Política Mexicana-Americana, explicó a Página/12 por qué su organización se opone al proyecto de plano. “Nos oponemos al cambio de sistema de otorgar visas, porque en el proyecto se da preferencia al manejo del inglés y conocimientos tecnológicos que al parentesco de las personas. Se busca una mano de obra calificada.” López calificó al plan de discriminador. “No funciona, es un programa discriminador: da preferencia a europeos que tienen dinero y son calificados y desecha a los latinoamericanos pobres.” También dijo que rechaza el programa porque sólo da residencia por dos años que son renovables y el inmigrante debe salir entre cada período. “Es algo caótico, inestable y sin garantías de que al volver, la persona se pueda quedar. Hay que pensar en uno nuevo que tenga en cuenta una visa permanente.” El proyecto no incluye un camino para que los trabajadores temporarios obtengan ciudadanía norteamericana.

Pese a que la administración Bush realiza una campaña de presión para mantener intactos la mayoría de los elementos del plan, la Casa Blanca sufrió un revés la pasada semana después de que el Senado aprobara una enmienda que reduce a la mitad las 400.000 visas “Y” temporarias que se otorgarían anualmente a trabajadores temporales en los sectores de construcción, jardinería y hotelería, entre otros. Los sindicatos temen que se genere una clase trabajadora de segunda que abarate el mercado laboral.

Varios economistas señalaron que a muchos trabajadores indocumentados se les deduce el Seguro Social y otros impuestos de sus salarios y han contribuido con cerca de 7 mil millones al Seguro Social, pero que no reclamaron sus beneficios debido a su condición clandestina. Pero Robert Rector, de Heritage Foundation, un think tank conservador, ha dicho que las familias de inmigrantes ilegales sin preparación causan un “deterioro fiscal global”.

Para dejar a los republicanos contentos, se acordó que el gobierno federal implemente controles más duros en la frontera y una ofensiva contra los empleadores que contraten a trabajadores sin papeles. El proyecto plantea contratar 20.000 nuevos agentes, construir 600 km de vallado en el límite sur del país y 320 km de barreras móviles, fijar 70 torres de radar y cámaras en esa zona, y proveer a las autoridades migratorias de recursos para “detener al menos 27.500 extranjeros por día”; además, un sistema electrónico efectivo que verifique la situación legal de la persona. Entre los ajustes aprobados desde que comenzó el debate el martes pasado figura una enmienda que impone penas carcelarias para quienes reinciden en cruzar ilegalmente la frontera.

A pesar de las críticas que suscita el proyecto de ley, según un último sondeo que divulgó el periódico The New York Times, una mayoría de norteamericanos está a favor de una reforma migratoria y la diferencia no es grande entre republicanos y demócratas: 66 por ciento frente a 72 por ciento. Por el momento, el Senado prevé someter el contenido a una votación final en junio. Si es aprobado, tendrá que ser armonizado con la versión que salga de la Cámara de Representantes, posiblemente en julio.