El presidente ecuatoriano Rafael Correa sorprendió ayer al afirmar que la Asamblea Constituyente debería disolver el Congreso el primer día. El mandatario había reiterado en varias ocasiones que el futuro de todas las instituciones públicas del país quedaba en manos de la Asamblea. Sin embargo, siempre había sostenido que el Legislativo seguiría funcionando mientras la Constituyente discutía una nueva Carta Magna. “Pero con esa clase de Congreso no puede seguir funcionando una democracia. ¿A quiénes representan?”, cuestionó Correa durante su programa semanal de radio.

El presidente ecuatoriano no escatimó en acusaciones. “Frente a esa clase de Congreso y con la compra de diputados creo que habrá que disolverlo”, sostuvo Correa. “Es una vergüenza”, agregó. Las palabras del mandatario demuestran que Alianza País, la coalición que integró en enero pasado, está convencida de que será mayoría en la Asamblea Constituyente. El 30 de septiembre próximo los ecuatorianos deberán elegir a 130 asambleístas, que tendrán plenos poderes para reformar todo el sistema político y económico del país. El aplastante resultado de la consulta popular de abril pasado para instalar la asamblea cristalizó el fuerte apoyo que mantiene el gobierno, a pesar de los avatares de los primeros meses.

La pugna del mandatario ecuatoriano con el Congreso nacional viene de larga data. Durante la campaña electoral, Correa decidió no presentar candidatos para el Legislativo porque no creía en esta institución, tal como estaba establecida. Por eso centró gran parte de su campaña en atacarla como símbolo de la vieja política y refugio de los dirigentes tradicionales. El mensaje fue un éxito y el joven economista ganó las elecciones. Sin embargo, al asumir el gobierno empezó a darse cuenta de lo difícil que sería generar cambios con un Legislativo totalmente opositor. Fue así que se lanzó a un enfrentamiento institucional que llegó a tener picos de extrema tensión.

La estrategia fue un éxito y después de varias idas y vueltas jurídicas más de la mitad de los diputados fue expulsada por la Justicia. Una nueva “bancada de suplentes” asumió en su lugar. En principio no respondían a los partidos a los que pertenecían y que no los habían autorizado a tomar posesión de las bancas. Durante meses, esta nueva bancada se alió en temas clave como la minoría de izquierda y permitió la reactivación del Congreso, ya mucho más cercano al gobierno de Correa. La escena más recordada fue cuando el nuevo pleno aprobó la consulta popular, que más tarde aprobó por más del 80 por ciento la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Pero esta nueva base legítima pareció desaparecer esta semana cuando los diputados vetaron un proyecto del Ejecutivo que estaba calificado de urgente. Se trataba de nada más y nada menos que de la Ley de Soberanía Energética e Hidrocarburífera. Con este proyecto el gobierno buscaba poner un freno al contrabando de combustibles y a la especulación, dos problemas que generan grandes malestares en la sociedad ecuatoriana. Según el texto que envió el Ejecutivo, las empresas que comercializaran ilícitamente combustibles –nafta, diésel, gas licuado– podrían pagar multas de hasta 510 mil dólares. La oposición junto a los suplentes cerraron filas y calificaron la propuesta de inconstitucional. Para Correa el mensaje fue claro. Los partidos tradicionales recuperaban el control de su último bastión.