Once ex diputados provinciales, secuestrados hace cinco años por las FARC, murieron en cautiverio. La noticia, difundida ayer a la mañana por la guerrilla, conmocionó a toda Colombia. La excarcelación de cientos de guerrilleros y la mediación del nuevo presidente francés Nicolas Sarkozy habían devuelto la esperanza a los familiares de los secuestrados, quienes empezaban a ver en el horizonte la posibilidad de un acuerdo humanitario. Ayer todo parecía haber vuelto a foja cero. Las FARC acusaban al gobierno de haber atacado uno de sus campamentos en la selva, matando a los rehenes que habían quedado en medio del fuego cruzado. El presidente Alvaro Uribe inmediatamente negó esta versión y habló de “premeditación criminal”. Los familiares de las víctimas no aceptaron ninguna de las dos posturas. “Responsabilizamos al secretariado de las FARC y al gobierno de estos hechos porque por su intransigencia, su radicalización y el odio acabaron nuestros sueños”, aseguró Fabiola Perdomo, esposa del ex diputado Juan Carlos Narváez.

Después de varias semanas de señales esperanzadoras, Colombia se levantó ayer con una terrible noticia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) publicaba en su página web un comunicado en el que informaba que el 18 de junio pasado once de los doce ex diputados del departamento de Valle que mantenía secuestrados hace cinco años habían fallecido. “Murieron en medio del fuego cruzado, cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento atacó el campamento donde se encontraban”, explicaba el texto. Más adelante, el grupo guerrillero denunció que en el último mes tuvieron que enfrentar incesantes ataques del ejército, apoyado por grupos paramilitares. “La demencial intransigencia del presidente Uribe para llegar a un intercambio humanitario y su estrategia de rescate militar por encima de toda consideración conlleva a tragedias como la que estamos informando”, concluye la cúpula de las FARC.

Uribe tomó las riendas personalmente y ya a media mañana había movilizado a todo su gabinete, a la cúpula militar y a todos los funcionarios involucrados en las cuestiones de seguridad. En una conferencia de prensa aseguró que ni su gobierno ni las Fuerzas Armadas habían ordenado un ataque a los campamentos de la principal guerrilla colombiana. Además, destacó que él nunca supo dónde estaban secuestrados los ex diputados del departamento de Valle. Estos legisladores fueron capturados en abril de 2002 cuando sesionaban en la ciudad de Cali. Los guerrilleros, disfrazados como militares, ingresaron a la sede de la asamblea y se llevaron a doce de los entonces diputados. De este grupo, sólo quedaba uno vivo ayer. Según la guerrilla, Sigifredo López fue el único que sobrevivió porque no se encontraba junto a sus compañeros en el momento del ataque.

Después de reunirse con su Consejo de Seguridad, el presidente dio un paso y acusó a la guerrilla de haber sido ella la que asesinó a los secuestrados. “La hipotética muerte de los secuestrados, sin bajas guerrilleras, sin soldados asesinados ni heridos, muestra que no hubo fuego cruzado, pero sí premeditación criminal”, sostuvo Uribe. Esta explicación no convenció a los familiares de las víctimas ni al otro actor de este conflicto, el gobierno francés. “A la guerrilla serán la historia, la vida, la sociedad y la comunidad internacional las que la condenen, pero al presidente Uribe le lloramos y le rogamos que por favor no pensara como hijo de la violencia, que pensara como presidente. Hoy desafortunadamente estamos viviendo este dolor tan horrible”, explicó Perdomo, cuyo esposo era el presidente de la asamblea de Valle en 2002. Desde París no quisieron asignar culpas, pero le recordaron al gobierno de Uribe que no apoyan el uso de la fuerza para liberar rehenes.

El recordatorio de París no es gratuito. En mayo de 2003, diez secuestrados murieron cuando el ejército intentó rescatarlos de un campamento de las FARC. Las víctimas fueron ocho militares, el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverry y el ex gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria. Más recientemente, en enero de 2006, un capitán de la policía falleció en cautiverio por una enfermedad.

El 22 de junio Uribe renovó la orden de rescatar por la fuerza a los secuestrados, que había dado en mayo dos días después de conocerse la fuga de un policía cautivo durante casi nueve años. En París, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés subrayó que “el uso de la fuerza para liberar a los rehenes debe estar absolutamente prohibido” y anunció que verificará la información. Yolanda Pulecio y Astrid Betancourt, madre y hermana de la rehén colombiano-francesa, pidieron a los gobiernos de España, Francia y Suiza que intervengan para impedir nuevas “operaciones militares de rescate que pongan en peligro la vida de los secuestrados”.