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“Creo que ahora los generales que se levantaron el 12 de abril y yo mismo deberíamos ser juzgados por haber dado un golpe de Estado contra Pedro Carmona.” La ironía del ministro del Interior Diosdado Cabello tiene su asidero: en la medida en que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió anteayer que los militares que se alzaron contra Chávez el 11 de abril no pueden ser juzgados por “rebelión militar”, entonces la legalidad está del lado del efímero presidente Pedro Carmona y el golpe fue cometido por los militares leales a Chávez. Pero bromas aparte, el fiscal general Isaías Rodríguez dijo que apelará la decisión del TSJ y ordenó la detención de tres civiles acusados de financiar la intentona, mientras varios dirigentes chavistas amenazaban con apelar a instancias internacionales. En una contradicción entre poderes, la Asamblea Nacional suscribirá hoy el informe parlamentario que indica que hubo golpe de Estado. Y mientras juristas opositores a Chávez opinan que el fallo es discutible, los dirigentes de la oposición están entusiasmados con que, después del receso judicial de 30 días, comience un carnaval de juicios que termine destituyendo al actual presidente.
El fiscal Rodríguez declaró que apelará la sentencia y que el máximo tribunal venezolano se equivocó en algunas consideraciones del fallo, como en el pasaje en el que señala que el Código Orgánico de Justicia Militar no contempla penas para el delito de rebelión. Pero en todo caso, coinciden incluso juristas contrarios a Chávez, el TSJ se extralimitó en sus funciones tratándose de un antejuicio. “Esto es jurídicamente insostenible”, dijo el constitucionalista Carlos Escarrá, y aclaró que la Sala Constitucional del TSJ está en condiciones de revisar la sentencia de la Sala Plena y que incluso el caso puede llevarse a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tal como sostienen algunos dirigentes chavistas, que ya ha evaluado otras actuaciones del máximo tribunal venezolano. El jurista y periodista Jorge Olavarría señaló que al TSJ “se le fue la mano, porque estamos hablando de un antejuicio de mérito, no de la posibilidad de una absolución completa”.
El vicepresidente José Vicente Rangel prefirió ver la parte llena del vaso. “Recibimos el fallo con absoluto talante democrático, porque éste es un gobierno democrático, que respeta las decisiones. La verdad es que esta decisión fortalece la imagen del gobierno, porque es una demostración de que aquí en Venezuela funcionan las instituciones de manera independiente”, señaló, a pesar de que el propio Chávez amenazó al TSJ ante las versiones, luego confirmadas, de un fallo absolutorio para los cuatro militares acusados. Rangel salió ayer de su despacho junto con otros dirigentes para calmar a los cientos de chavistas que estaban apostados frente al Palacio de Miraflores para protestar por el fallo, y los hizo retirarse a sus hogares luego de un largo diálogo.
En la Asamblea Nacional, los legisladores comenzaron a debatir el informe que, durante 90 días, elaboró una comisión de 27 diputados en base a casi 40 interrogatorios públicos. El documento dice que “hubo un cruento golpe cívico-militar, que puso en vigencia por espacio de 48 horas un régimen autocrático revestido de todas las formas de un verdadero totalitarismo”. Se descarta que será aprobado, por la mayoría chavista en el Parlamento, pero el diputado oficialista Tarek William Saab pidió que la votación sea personalizada para que se sepa quienes, “como el Supremo, quieren lavarle la cara a los golpistas”.
El entusiasmo entre algunos opositores a Chávez es muy grande: para ellos, empezó la cuenta regresiva del “tirano”. Cuando termine la feria judicial, algunos dirigentes políticos tienen tres causas para endilgarle al presidente. La primera es haber ordenado a la Guardia Nacional disparar contra los manifestantes en la jornada del 11 de abril, que terminó con 18 muertos y funcionó como detonante de la intentona; la segunda es haber recibido 1,8 millones de dólares del banco español Santander Central Hispano (SCH) para la campaña electoral de 1998; y el tercero es dañar losintereses del país al acordar el suministro de petróleo a Cuba pese a deudas de La Habana.
Y los militares que protagonizaron la intentona aprovecharon los vientos favorables para pedirle a Chávez que termine con la “persecución” dentro de las fuerzas armadas y que detenga la acción de grupos armados adeptos al gobierno. El vicealmirante Héctor Ramírez, uno de los cuatro militares absueltos, cuestionó al gobierno por presionar al TSJ para un fallo en su contra.