Unos veinte oficiales y suboficiales retirados colombianos serán investigados por su presunta colaboración con los grupos paramilitares. En un comunicado, la Fiscalía General de Colombia anunció la apertura de un expediente después de que Salvatore Mancuso, uno de los líderes de los grupos de extrema derecha, denunciara con nombre y apellido a los militares de más alto rango que lo ayudaron y protegieron durante las últimas dos décadas. Hasta ahora, muchos de los juicios contra las cúpulas castrenses por estos delitos no habían prosperado por falta de evidencia, a pesar de la pila de documentos del servicio de inteligencia colombiano, de la CIA e incluso confesiones de muchos de los paramilitares involucrados.

Serán investigados seis generales, nueve coroneles, un mayor, dos capitanes y dos sargentos, todos retirados del Ejército, la Armada y la Policía, que operaban en los departamentos de Antioquia –feudo del presidente Alvaro Uribe–, Córdoba, Santander y Sucre. Entre los generales acusados se encuentran los ya fallecidos Martín Carreño y Alfonso Manosalva y Rito Alejo del Río e Iván Ramírez. Estos últimos han sido blanco de las organizaciones de derechos humanos durante años y actualmente se encuentran detenido por otros crímenes.

Según explicó el diario colombiano El Tiempo, la Justicia no se quedará sólo con los militares mencionados por Mancuso, sino que ampliará la investigación a todos los que fueron mencionados en los últimos meses en las confesiones de los jefes paramilitares. Hace dos años, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) firmaron un acuerdo con el gobierno de Uribe para entregar sus armas y desmovilizarse a cambio de no ser considerados delicuentes comunes. Parte de ese trato era que los jefes paras debían relatar, ante la Justicia, todos sus crímenes y delatar a quiénes los habían ayudado.

Así fueron mencionados muchos oficiales militares, la mayoría ya muertos, y también decenas de dirigentes políticos, en lo que se terminó conociendo como el escándalo de la parapolítica. Cuarenta y dos antiguos y actuales legisladores, alcaldes, gobernadores y ministros fueron nombrados ante los tribunales, y quince de ellos ya se encuentran tras las rejas. Casi todos son de partidos oficialistas o aliados del uribismo. La oposición y las organizaciones de derechos humanos sostienen que esto es sólo la punta del iceberg y que todavía falta que declaren la mayoría de los cincuenta jefes y mandos medios paramilitares que se desmovilizaron en 2005 y ahora están detenidos cumpliendo la Ley de Justicia y Paz.

La colaboración entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares es una de las grandes deudas de los tribunales colombianos. El DAS, el servicio de inteligencia, dejó constancia en varios informes de fines de los ’80 y principios de los ’90 de la ayuda logística y militar que los sectores castrenses les dieron a las entonces incipientes fuerzas paramilitares. La propia CIA, según los documentos desclasificados por el gobierno norteamericano, advertía a Washington sobre estos vínculos.

Si esta información no era suficiente, se suman las denuncias de los jefes paramilitares que fueron detenidos durante los últimos diez años y los que ahora testifican voluntariamente después de desmovilizarse. Todos ellos coinciden en que mantenían las mejores relaciones con los líderes castrenses de sus regiones. No sólo eso. Fueron los comandantes locales del ejército –las pruebas nunca alcanzaron a la cúpula nacional– los que armaron y ayudaron a entrenar a los paramilitares, cuando se crearon en los ’80.

Ever Veloza, el jefe del bloque de Calima, en el departamento del Valle de Cauca y del bloque bananero en el vecino Urabá, confesó esta semana cerca de 1500 asesinatos y destacó que las masacres a los campesinos –supuestos guerrilleros, para él– hubieran sido imposibles sin la autorización previa de la brigada del ejército que controlaba esa región. Esa brigada era por entonces dirigida por el general (r) Rito Alejo del Río, uno de los que la Fiscalía colombiana comenzará a investigar en los próximos días.