Ecuador se prepara para reformar la Constitución y también aspectos de su economía. El oficialismo ratificó varias de sus propuestas, que prevén revisar tratados con empresas de EE.UU, combatir monopolios, confiscar fortunas ilegales y expropiar tierras improductivas. Pese a que todavía no han sido oficializados los resultados de la elección de asambleístas, la Asamblea Constituyente está prevista para fines de este mes y no estará en la mesa la reelección indefinida, dijo Alberto Acosta, el candidato más votado, que integra la lista oficialista Alianza País, del presidente Rafael Correa.

Mientras comienza la cuenta regresiva para el Congreso dominado por la oposición, el oficialismo vuelve a lanzar su paquete de reformas. Entre las principales medidas, se impugnaría el convenio vigente por el cual empresas norteamericanas pueden someter sus diferendos a arbitrajes internacionales, señaló Acosta. “Yo creo que ese tipo de tratados sí deben ser revisados e incluso impugnados porque limitan la soberanía jurídica del país”, advirtió el virtual presidente de la Constituyente, en alusión al convenio con la petrolera estadounidense City Oriente. La compañía, que extrae unos 3000 barriles por día de crudo, interpuso una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial contra Ecuador, alegando una supuesta violación de su contrato por una ley que recortó sus utilidades extras por el alza del precio del crudo.

Asimismo, el líder de Alianza País anunció leyes antimonopolio. “Estoy pensando en una ley que garantice la libre competencia, que combata aquí los monopolios. Ecuador es unos de los pocos países, quizás el segundo en América latina, que no tiene una ley para combatirlos”, sostuvo. Correa ha denunciado prácticas monopólicas en las telecomunicaciones –en las que participan el magnate mexicano Carlos Slim y la banca ecuatoriana– y la industria del cemento, donde tienen inversiones Francia y Suiza.

Acosta también propuso confiscar bienes mal habidos. “Si es que se establece que le han robado al pueblo ecuatoriano, a través de un debido proceso, hay que quitarles las propiedades”, dijo en referencia a los banqueros corruptos. Según el asambleísta, éstos huyeron con fondos públicos durante la crisis económica de 1999, cuando el país adoptó el dólar como moneda ante la severa devaluación del peso local.

En cuanto a las tierras improductivas, el representante oficialista proclamó la expropiación con indemnización. “Todas aquellas tierras que no estén adecuadamente utilizadas deberán pagar un tributo, o se les podrá expropiar, pagándole el precio adecuado, para que se vuelvan productivas”, añadió.

Si hay acuerdo para llevar a cabo varios cambios económicos, las diferencias en el oficialismo surgen a la hora de debatir la reelección. Tras una profunda crisis política que impidió a tres mandatarios terminar su período en la última década, Acosta anunció la disolución del Parlamento, un requisito para que la Asamblea cuente con plenos poderes, y descartó una repetición indefinida del mandato: unos quieren prolongar los mandatos populares de cuatro a seis años y otros prefieren incorporar la reelección inmediata por una sola vez. “Nosotros estamos de acuerdo en que no haya reelección indefinida para ningún cargo de votación popular”, dijo Acosta.

Ahora resta que las normas previstas por los oficialistas sean aprobadas por la comisión que sustituirá al Congreso. Será nombrada por la Constituyente, en donde Correa cuenta con mayoría absoluta, y desde el momento de su instalación tendrá un máximo de seis meses para redactar la vigésima Constitución y someterla a referendo a finales de 2008.