Es un clásico: dejar el cargo de juez para evitar el juicio político. Pero a Guillermo Tiscornia parece que la jugada no le saldrá lo bien que esperaba ya que el Gobierno no le aceptaría la renuncia. No habrá un rechazo por escrito ni una comunicación formal. El Poder Ejecutivo dejaría pasar los días para que el lunes próximo empiece, tal como estaba agendado, el proceso de remoción en su contra ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Tiscornia fue suspendido en agosto por el Consejo de la Magistratura, acusado de “mal desempeño en sus funciones” por haber gestionado una coima de 4 millones de dólares para sobreseer a una empresa de juegos de azar, la española Codere, en una causa por contrabando. Un indicio clave de que todo va encaminado a que empiece el juicio político es que los consejeros que fueron designados para actuar como acusadores se pasaron buena parte del día de ayer trabajando en el armado de la presentación de los cargos. Ellos son la diputada kirchnerista Diana Conti, el abogado Santiago Montaña y el diputado radical Federico Storani.

A lo largo del gobierno de Néstor Kirchner, no todos los jueces que renunciaron cercados por acusaciones tuvieron la misma suerte. El pedido para dejar la toga del ex juez federal Jorge Urso fue aceptado sin vueltas, igual que el de Julio Speroni. En cambio Juan José Galeano, ex juez del caso AMIA, nunca tuvo respuesta oficial, terminó sentado en el banquillo y fue destituido. Al ex camarista salteño Ricardo Lona el Gobierno le aceptó la renuncia después de que fue absuelto por el jury.

El caso de Tiscornia tiene su peculiaridad: en el texto de 60 carillas que presentó ante el Ministerio de Justicia explicando las razones para abandonar el cargo, acusa al Gobierno de montar una persecución en su contra. Habla de una “operación política” y de una “alevosa y miserable maniobra”. Incluso atribuye la promoción de su juicio político a “una represalia” por haber citado a indagatoria a la ministra Nilda Garré por supuesto contrabando de piezas de fusiles a los Estados Unidos, una medida que luego fue revertida por otro magistrado, Marcelo Aguinsky.

Si el Ejecutivo admitiera la dimisión de Tiscornia, podría entenderse como una aceptación de sus argumentos. Fuentes oficiales con conocimiento del caso confirmaron a Página/12 que todo va encaminado a que sea el jurado de enjuiciamiento quien decida la suerte de Su Señoría, a partir del lunes que viene a las 13.30. Tiscornia enfrentó otros dos juicios pero, con ayuda del menemismo, evitó la remoción. Tuvo acusaciones relacionadas con irregularidades en las causas de la Mafia del Oro, la Aduana paralela y una contra el empresario de la carne Alberto Samid.

Esta vez, además de estar involucrado en un pedido de coima –que se habría concretado a través de su padre, el ex juez Agustín Tiscornia–, las imputaciones abarcan los múltiples retos que durante años le impartió la Cámara en lo Penal Económico (su tribunal superior): 200 nulidades de sus decisiones, multas, un apercibimiento, 17 llamados de atención y cuatro recomendaciones. Uno de los casos más graves es aquel en el que copió casi íntegros los argumentos de la defensa de un imputado al momento de dictar su sobreseimiento. Tal es así que dejó intactas algunas referencias como “mi defendido”, “mi pupilo” o “nuestro asistido”.

La denuncia que dio origen al expediente contra Tiscornia la hizo la propia firma Codere, que explota bingos y tragamonedas en la provincia de Buenos Aires, y asegura haber recibido una propuesta para pagar una “comisión” y salvarse en una causa judicial. Los empresarios incluso filmaron con cámara oculta parte de las tratativas, en confiterías y en la casa de Tiscornia padre.

Codere también denunció penalmente la maniobra: en el fuero federal porteño la investiga Rodolfo Canicoba Corral y en Uruguay los Tiscornia están bajo la lupa por supuesto lavado de dinero. Tiscornia padre tenía registrados movimientos millonarios hacia bancos extranjeros. Habría enviado al menos un millón de dólares al país vecino.