El ex presidente francés Jacques Chirac sabe desde ayer que el pasado puede ser una trampa. Chirac se convirtió el miércoles en el primer ex mandatario de Francia en haber sido inculpado por la justicia bajo el cargo de “malversación de fondos”. Chirac, protegido por la inmunidad que le confería su estatuto de jefe de Estado, había escapado hasta ahora de numerosas acciones judiciales que fueron cerniendo a los colaboradores que trabajaron con él durante los años en que fue intendente de París, 1977-1995. La más persistente de esas investigaciones concernía a los llamados “puestos de trabajo ficticios” de la Municipalidad de París. Ese sistema permitía contratar a amigos o allegados políticos a sueldo de la Municipalidad sin que éstos ocuparan los cargos remunerados.

Tras haber pasado 12 años a la cabeza del Estado, Chirac fue reemplazado el pasado 16 de mayo por Nicolas Sarkozy. El ex presidente perdió la inmunidad de la función presidencial el 17 de junio de este año, y desde entonces la Justicia ha vuelto a poner la espada de Damocles sobre su cabeza. En lo que atañe a la causa por la que está investigado, el juez encargado del legajo consideró que existen “indicios graves y concordantes” que justifican la inculpación. El escándalo de los puestos de trabajo ficticios es espeso como un árbol y tiene dos cabezas: una, los empleos ficticios, un caso por el cual Chirac ya fue citado a declarar por la justicia en tanto “testigo asistido” en julio pasado. Dos, los “encargados de misión”, es decir, una estratagema similar a la de los puestos de trabajo falsos que permitió la remuneración ficticia de personas que nunca ofrecieron los servicios por los que cobraban. Es esta segunda cita con la Justicia de la que Jacques Chirac salió con la inculpación a cuestas. La Justicia tiene la convicción de que estos encargados de misión fueron pagados por el gabinete del intendente antes de 1995. Los destinatarios de los sueldos eran, en realidad, miembros del partido RPR fundado años antes por el mismo Chirac. En 2004 esa causa condujo a la condena de uno de los más cercanos allegados a Chirac, el ex primer ministro Alain Juppé, que también trabajaba en la Municipalidad.

La historia de Jacques Chirac es una suerte de camino sembrado de cuentas pendientes con la Justicia que el dirigente nunca pagó: falsas facturas, gastos faraónicos en viajes privados financiados con fondos dudosos, arreglos turbios con sectores estatales de la vivienda, escándalo Clearstrem –un complot contra Nicolas Sarkozy–. Chirac, gracias a un hábil estatuto de “incondenable” cortado a su medida, pudo siempre salir airoso. Pero una vez que pasó a ser un hombre común y corriente los tribunales abrieron los prontuarios del pasado. Un total de 20 personas, entre las cuales figura su hija, están implicadas en el legajo de los “encargados de misión”. El ex presidente publicó ayer una columna en el diario Le Monde en la cual aseguró que esos empleados eran “tan legítimos como necesarios”. Chirac también argumentó que los “recursos de la ciudad de París nunca estuvieron al servicio de otra ambición que no fuera la de servir a los parisinos y las parisinas”.

En todo caso, para los abogados y diputados que trabajaron sin descanso contra la impunidad que protegía a Chirac, la inculpación del ex presiente es, como lo dijo el diputado socialista Arnaud Montebourg, “una victoria póstuma”. Tal vez lo más sorprendente de este episodio esté en el hecho de que, hace apenas una semana, Jacques Chirac integró el Consejo Constitucional, es decir el comité de sabios que vela por la legalidad y la conformidad constitucional de las leyes. Sus andanzas judiciales eran conocidas por todos, pero ello no le impedía supervisar la ética de la Constitución. En un sistema como el francés, los privilegios de la clase política exceden a menudo los límites de lo moral. El epílogo de Chirac es una excepción notoria, o quizá la reacción de una justicia a la que, durante muchos años, se le impidió actuar.