Las demoras que tuvo en su tratamiento y las resistencias que habían planteado los senadores del Noroeste y Nordeste llevaba a pensar que la iniciativa para proteger los bosques nativos terminaría olvidada en los pasillos de la Cámara alta. Luego de conseguir que el Gobierno desembolsara casi mil millones para compensar a las provincias que tendrán que poner freno a la tala indiscriminada, la totalidad de los senadores votaron en favor de la propuesta. Por los cambios introducidos, el proyecto volverá a la Cámara de Diputados. A cambio del monto que tendrá que aportar para el Fondo Compensador, el Ejecutivo consiguió que los legisladores acepten una moratoria total de los desmontes hasta que cada una de las jurisdicciones complete el relevamiento previsto en la iniciativa.

Impulsada en Diputados por el kirchnerista Miguel Bonasso, la protección a los bosques nativos tuvo que enfrentar no pocos obstáculos. Algo que convirtió en inédito su tratamiento. Antes de conseguir los fondos para compensar a las provincias, los senadores se oponían a que la moratoria en los desmontes fuera total. Reclamaban para sus provincias un porcentual de permisos para la tala de bosques. Ese punto se convirtió en crucial para el proyecto. La semana pasada la ley se votó en general y las diferencias quedaron para la negociación.

Luego de la votación del proyecto, todos festejaron. La secretaria de Ambiente Humano y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, que siguió atentamente la sesión, no ocultó su satisfacción por el voto de los senadores. La aprobación de la moratoria total fue su gran logro. La organización ambientalista Greenpeace también festejó. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de la organización no gubernamental, calificó la votación de ayer como “una victoria de la gente”. Para subrayar su definición afirmó que “sin las más de un millón cuatrocientas mil firmas que se juntaron y los miles de llamados que recibieron los senadores, no se habría aprobado la ley”. Claro que a la iniciativa todavía le queda un largo camino hasta convertirse en ley. La próxima pulseada será en la Cámara baja.

La semana pasada, cuando se realizó la votación en general, estaba claro que el principal interés de los senadores era conseguir la mayor cantidad de partidas presupuestarias para el Fondo Compensador. En el primer borrador, el Ejecutivo ofreció el 0,1 por ciento del presupuesto, lo que representaba cerca de 170 millones de pesos. Los senadores reclamaron el 2 por ciento, más otro dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones. Lo que llevaba el monto a los 600 millones.

Lejos de lo que ocurre en la mayoría de las sesiones, en este caso, la divisoria de aguas no pasaba por la identidad partidaria. Los senadores del Noroeste o los del Nordeste coincidían casi en todo. El oficialismo logró que la miembro informante no fuera la titular de la comisión, la neuquina Luz Sapag, del MPN, sino la salteña Sonia Escudero. Cuando se discutió la composición del Fondo, Morales insistió con su propuesta original de lograr que el Gobierno aportara el 2 por ciento del total de las retenciones a las exportaciones. Fue el titular de la bancada oficialista, el rionegrino Miguel Pichetto, el que puso límites al reclamo. Recordó que de los 100 millones originales, ahora el Ejecutivo estaba aportando cerca de mil millones. “No tiremos más de la cuerda. Estamos diciendo que irá al fondo el 2 por ciento de las retenciones agropecuarias solamente”, subrayó. Curiosamente el texto que estaba siendo leído por su compañera de bancada, la salteña Escudero, no hacía distingos y reclamaba, tal como Morales pedía, el 2 por ciento de las retenciones a todas las exportaciones. Lo que hubiera incrementado la cifra que tiene que aportar el Ejecutivo de manera exponencial.