“¿O cuál es más de culpar,

o el que paga por pecar?”

Sor Juana Inés de la Cruz

La denuncia formulada anteayer por el diputado Héctor Recalde trae inevitables reminiscencias del escándalo de las coimas en el Senado durante el gobierno de la Alianza. Dos denominadores comunes incitan la asociación: fue en el Parlamento y en aras de una norma laboral regresiva, propatronal. Vale la pena remarcar una diferencia, que caracterizó a la “Ley Banelco” como un caso muy atípico de corrupción: los sobornadores y los sobornados pertenecían al sistema político. Esto es, los tradicionales dos lados del mostrador de la coima se fundían en uno. El gobierno sobre representaba los intereses del establishment y hasta tomaba prestado un rol inherente al sector privado: el de pagar por pecar, por usar el delicioso modismo de Sor Juana que encabeza esta nota.

Más allá de algunos detalles anecdóticos aún ignotos (se sabe que el dinero para la Reforma Laboral salió materialmente de la SIDE pero no hay detalles de quién lo aportó), la rareza del caso exacerbó hasta el infinito un sesgo posible de los escándalos de corrupción: su mensaje antipolítico. La búsqueda de transparencia es una necesidad de la democracia, pero muchas veces eclipsa al debate político más amplio. La crónica del curro, que enchastra a representantes del pueblo o funcionarios, alimenta el descrédito general sobre lo público, siendo de ordinario mucho más piadosa en sus conclusiones generales respecto de las calidades de lo privado. Y distrae tanto del conflicto de intereses concreto cuanto de la dialéctica global de la sociedad.

No se trata solamente, como fue usual en los noventa, de discernir que la corrupción es un epifenómeno de algunos sistemas. Esta puntualización, que el cronista suscribe en forma general, no se basta para pintar las consecuencias sistémicas de la judicialización de la política democrática. Confinar la mira en la conducta de los protagonistas políticos es quedarse sin lo sustancial, como hacer un asado sin carne.

El cohecho reseñado y documentado por Recalde es más clásico que el de la ley Banelco: quien comete el hecho de corrupción es el interesado material, que corrobora su condición con millones de verdes razones. Esa es la regla general, que suele ser disimulada por muchas narrativas mediáticas. Proponer que la inmoralidad es monopolio de los políticos es un gran negocio y un gran relato de actores corporativos.

Rechazada la dádiva en este caso, la ecuación se invierte. El lector que se interese en esas cuitas puede ver las vueltas que dieron unos cuantos diarios ayer, para diluir el mensaje: desde clasificar a Recalde como “diputado de Moyano” (menoscabando su mandato popular, al partido a que pertenece y, aún, a la CGT) hasta alertar acerca de los problemas que pueden derivarse para las negociaciones salariales en 2008.

Para muchos es incómodo verificar que la defensa de los intereses sectoriales (cuya pertinencia y licitud es innegable) puede realizarse con las peores armas. Que la puja distributiva, más de una vez, es un ring de catch y no una polémica entre dandys con tiralíneas y power point.

En fin, por usar otra frase de tradición castiza, que en todas partes se cuecen habas. Habas muy costosas, convengamos: casi ninguna persona del común puede siquiera imaginar el montante del negocio de los tickets de comida. Eso refuerza otra necesidad consignada más de una vez en este diario: la buena retribución a los cuadros del Estado. No para vacunarlos contra el choreo: usando el ejemplo que nos ocupa no hay dieta ni sueldo imaginable que emparde a la oferta de “Mercedes-Benz” o de “pick-up” de los burgueses nacionales en cuestión. Pero la retribución digna sí es necesaria para permitir que haya personas capaces que se dediquen a la función pública, para competir en la selección de personal con el sector privado. Ese que, llegado el caso (sólo a veces, nada menos que a veces), paga por pecar.