Igual que en el territorio bonaerense con Ruckauf en el 2001, y en el desistido intento mendocino de Cobos en mayo pasado, el gobernador hipervotado de Tucumán José Alperovich intenta resolver los problemas criminológicos provinciales endureciendo las leyes de excarcelación y transformando la prisión preventiva en una especie de aspirina judicial mágica y previa al dolor de cabeza. La Legislatura provincial tratará hoy la modificación de varios artículos del Código Procesal Penal en medio de una fuerte polémica que enfrenta incluso al gobernador con el Tribunal Supremo provincial y el Colegio de Abogados, que se oponen a la modificación. El Cels envió una carta a Alperovich, a los legisladores tucumanos y al ministro de Justicia nacional Alberto Iribarne, quien ya había intermediado en el caso de Mendoza, también a pedido del Cels. En aquella ocasión, Cobos archivó el proyecto colocándose en línea con una política K de Derechos Humanos.

“Mi gobierno no va a rendirse frente al delito. Necesitamos un sistema legal mucho más duro; necesitamos acabar de una vez por todas con las libertades anticipadas de los asesinos.”

“Estamos buscando que, de a poco, cada persona tenga mayor seguridad. Pero la única manera de resolver esto es que el delincuente vaya preso. Los ladrones tienen que estar presos. ¿Cómo hacemos para combatir la inseguridad? Quiero que el pueblo comprenda que lo que falta es que los delincuentes estén detrás de las rejas.”

Este último párrafo corresponde al gobernador de Tucumán, José Alperovich, y fue pronunciado ayer. El otro no es tucumano, corresponde a Carlos Ruckauf como gobernador bonaerense y fue dicho el 1º de marzo de 2001, durante la cresta del manodurismo, que después retomó l’inyenieri Juan Carlos Blumberg, ambos con amplios apoyos dilapidados.

A principios de octubre, Alperovich había anunciado el lanzamiento del proyecto. Los gestos en política cobran sentido: el anuncio lo hizo flanqueado por el jefe de policía, Hugo Sánchez. El proyecto propone la modificación de los artículos 268, 280, 281 y 284 del código, especialmente aquello que atañe a la aplicación de la prisión preventiva y a las condiciones de la excarcelación durante el proceso. La modificación habilita, entre otras cosas, a la aplicación de la preventiva en forma generalizada y como medida previa, y a dificultar la excarcelación. Aunque no lo mencionó Alperovich, en el lenguaje mundano, aquello de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario será modificado por su opuesto: se es inocente cuando se pueda demostrarlo.

A principios de semana el Cels, a través de su presidente, el periodista Horacio Verbitsky, envió una carta a Alperovich, a la Legislatura y al ministro de Justicia nacional Alberto Iribarne, mostrando su preocupación por el proyecto. “La iniciativa del Poder Ejecutivo resulta violatoria de la Constitución nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, se ha comprobado que resulta una política ineficaz para enfrentar los problemas de seguridad y morosidad judicial que se alegan”, sostenía la carta firmada por Verbitsky y el director ejecutivo del Cels, Gastón Chillier.

La alarma tenía su motivo. El proyecto había pasado como un mero trámite por la Comisión de Seguridad y Justicia y, según fuentes de la Legislatura tucumana, el cuerpo legislativo se disponía a votar hoy el proyecto para transformarlo en ley. A todo esto, el propio presidente del Tribunal Superior provincial, Antonio Gandur, expresó su posición crítica: “No puedo opinar nada sobre este asunto. Más tarde o más temprano, va a ser materia de decisión jurisdiccional en este tribunal. Estoy convencido de que habrá cuestionamientos sobre su legalidad. Mal que nos pese, toda la tendencia moderna es que el procedimiento penal se sustancie con el acusado en libertad, estemos a favor o en contra de ella”.

En respuesta a la carta del Cels, Alperovich argumentó que “nosotros vamos a trabajar fuerte para que los delincuentes estén presos, le guste a quien le guste, porque yo tengo que defender a la buena gente, no a la mala, si no todo seguirá igual”.

En una prolija revisión crítica del proyecto, una nueva carta del Cels, enviada ayer, zanjó todo tipo de dudas en relación con el proyecto del gobernador: “La legitimidad del Estado para disponer el encarcelamiento de una persona antes de un fallo condenatorio sólo puede ser excepcional”, sostiene el organismo de derechos humanos y desmenuza:

- Si la prisión preventiva deja de ser excepcional, pasa a ser una condena previa, lo que anula de un plumazo la presunción de inocencia, manual práctico de toda dictadura.

- El proyecto modifica la causal para dictar la preventiva, agregando agravantes que son propios de una condena: pluralidad de intervinientes, utilización de menores de 18 años, reiteración, antecedentes personales, uso de armas de fuego (sin necesidad de acreditar su aptitud de disparo).

- Recuerda el “fallo Verbitsky” de la Corte Suprema, donde el tribunal estableció “que una de las causas primordiales de la crisis penitenciaria bonaerense era el uso excesivo de la prisión preventiva y por ello exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a que adecuen la legislación procesal penal a los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos”. De alguna manera, el Cels anticipó que en última instancia “no sería nada aventurado pronosticar que la reforma propuesta por el gobierno de Tucumán sería invalidada por nuestro máximo tribunal, pues en ella se concibe la prisión preventiva como una pena anticipada, lo cual es absolutamente incompatible con la Constitución nacional y los tratados internacionales”.