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El congresista peruano Javier Diez Canseco está de visita en Buenos Aires para reclamar a la Justicia argentina que el país no se convierta en el “paraíso que asile a delincuentes de otros países”, por el caso de extradición de tres pesos pesados de la “imagencracia” del período fujimorista: José Enrique y José Francisco Crousillat (padre e hijo), ex directivos del canal América Televisión, y Ernesto Schutz, ex propietario de Panamericana TV, acusados de peculado y asociación ilícita para delinquir y de haber recibido dinero del ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos. Diez Canseco pretende entrevistarse con algún miembro de la Corte Suprema de Justicia argentina, que deberá decidir en definitiva sobre las extradiciones cuando se realice el juicio propiamente dicho. Los Crousillat, fugados de Perú desde inicios de 2001 y ubicados en Argentina a principios de este año, se presentaron en la Justicia de Tucumán pidiendo la eximición de prisión, luego otorgada por la Cámara de Apelaciones provincial, según el congresista, porque cuentan con “vínculos fuertes” en esa provincia y a pesar de haber prueba de que residen en Buenos Aires. Schutz no corrió con igual suerte: fue detenido el 3 de octubre de 2001 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por el que estaba en tránsito hacia Suiza, y tuvo que pagar una fianza por su excarcelación, debiendo concurrir una vez por semana a una comisaría en La Plata.
–Ernesto Schutz fue detenido en Ezeiza por Interpol en octubre del año pasado. ¿Por qué cree que en Argentina se dilata su extradición?, ¿puede haber una red de cómplices acá?
–Mi impresión es que en general hay una serie de maniobras procesales dirigidas a dilatar las cosas. En el caso de Schutz, en primer lugar se produjo una detención temporal, luego se le dio una libertad condicionada a apersonarse semanalmente a una dependencia policial; se le han retenido los pasaportes y se le ha hecho pagar 600.000 dólares de fianza a ese efecto. Lo cual establece un mínimo de condiciones de garantías con respecto al proceso, a pesar de que es extraordinariamente lento. El caso Schutz es el más avanzado, y podría resolverse en un plazo no largo. Lo que sí me parece extraño es el caso de los Crousillat.
–¿Por qué?
–Porque ellos escogieron jurisdicción: Tucumán, donde parece ser que han tenido negocios vinculados a la filmación de telenovelas; tienen alguna relación con elementos del poder local y buenos vínculos en ese campo porque también hay indicios más que suficientes que no viven ahí, sino que viven en Buenos Aires, pero en su caso ellos no han colocado ni una fianza, ni les han retenido sus pasaportes, ni tienen que reportarse: prácticamente pueden abandonar el país cuando quieran. Ahí sí me parece que ellos han buscado ampararse en contactos políticos y probabilidades de manejo indebido en la administración de justicia. En el caso de Perú, los niveles de corrupción judicial han sido bastante altos; parte de los videos muestran a estas personas negociando con Montesinos varios juicios que los afectan. Lo que llama la atención es que hayan ido a presentarse en Tucumán, cuando su vivienda está en Martínez.
–¿Quiénes son estos tres personajes?
–Los Crousillat fueron el núcleo central del fujimorismo en lo que fue el manejo de la señal abierta de televisión. Su régimen no fue sólo una autocracia, también una “imaginocracia” y contó con el auxilio de los dos principales canales de televisión abierta. Calculamos por el dinero pagado vía el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que los Crousillat deben haber recibido entre el 98 y el 2000 alrededor de 22 millones de dólares -entre 600 y 19.000 dólares mensuales, según fuera período electoral o no- para seudocontratos en los cuales el contratante (Montesinos) tenía derecho a la producción de las noticias. Es decir, se violentó el derechoa la información. Schutz fue un nombre que sirvió a estos intereses en forma notoria: en el video en que se lo inculpa aparece negociando con Montesinos el precio de su apoyo a la reelección de Fujimori, de más de 10 millones de dólares. Hoy Schutz continúa manejando abiertamente Panamericana TV y la línea informativa –es su familia la que tiene la conducción del canal– y en el caso de los Crousillat, éstos han perdido el control de América TV por una acumulación de deudas, que ha generado que una junta de acreedores tome control del canal. Eso les ha hecho perder parte del peso, pero mantienen una gran influencia en las relaciones y de recursos en el país y obviamente en el exterior.
–¿De qué viven?
–Ellos tienen ingresos enormes. El señor Crousillat tenía un sueldo de alrededor de 850.000 dólares al mes en América Televisión, que a su vez debía impuestos; tenía créditos impagos en bancos; no pagaba los derechos de uso del canal y mantuvo impagos a trabajadores durante largos períodos. Ellos manejaban dineros con gran libertad.
–¿Cómo actuó la Interpol en estos casos?
–Actuó permitiendo la captura de Schutz, él estaba de tránsito, había salido ilegalmente por las fronteras con Chile; había tomado un avión desde Chile hasta Buenos Aires para hacer un traslado a Suiza, y argumentar nacionalidad suiza y hacerse no extraditable. Fue interceptado aquí y puesto a disposición de las autoridades locales. En el otro caso, la verdad que es un enigma si están aquí o no, porque ellos han acreditado teóricamente vivir en Tucumán, pero se probó que tienen vivienda en Buenos Aires con nombres falsos y también tendrían documentación falsa y hay testimonios que ha presentado la prensa de que anduvieron por Miami, lo que implicaría que tienen libertad de movimiento y no es presumible que esto Interpol no lo sepa.
–¿Hay perspectivas de lograr la extradición de los Crousillat?
–Es un caso complejo porque tienen contactos fuertes en Tucumán.
–¿Se refiere al entorno del ex gobernador Palito Ortega?
–Todo indicaría que empresas de Crousillat han filmado telenovelas vinculados al hijo del señor Ortega y tienen vínculos en la región que los han llevado a escoger esa sede: no han pagado ni fianza, ni tienen que presentarse, ni se les ha retenido pasaporte; justamente en un país como Argentina que la gente clama porque se haga algo de frente a la corrupción generalizada. Sin embargo, pueden venir corruptos extranjeros a asilarse aquí y a gozar como un paraíso. En Argentina, Perú, en la región, se está viviendo una demanda de renovación política. Si algo aprendimos en la última década es que las sociedades deben tener mecanismos de control y le marcan el paso a las autoridades y le piden cuentas. Ambas naciones tenemos demandas similares. Pienso que habrá que instalar tribunales especiales en cada país porque son cuestiones en las que no se puede juzgar caso por caso, ya que forman parte de un mismo sistema de asociación ilícita para delinquir. Pido que Argentina no sea un paraíso que asila a delincuentes que evaden la acción de la justicia de sus países.
–Usted ha sido congresista durante la década fujimorista, ¿qué puede contar que haya vivido de cerca en lo que fue un símbolo de corrupción política?
–Yo fui congresista en el ‘90 y ‘92, no me postulé al Congreso Constituyente que convocó Fujimori después del golpe (de abril del ‘92) porque consideramos que era un proceso ilegítimo y fraudulento y postulé en el año ‘95 como parte de las fuerzas de oposición (Izquierda Unida) y fui miembro del Congreso hasta el año 2000. Este período fue para mí una experiencia bastante llamativa, porque fue un proceso en el cual un Congreso renunció a toda la capacidad fiscalizadora. No se aceptó prácticamente ninguna solicitud de la comisión investigadora sobre hechos de corrupción. El Congreso fue una fábrica de cortinas de humo y cómplice por la oposición de la mayoría a toda investigación: las demoraba o no lasaceptaba. El Congreso más caro en la historia de Perú fue el que dejó Fujimori.