Evo Morales quiere que la nueva Constitución boliviana esté lista el 14 de diciembre, pero si no lo consigue, la Constitución boliviana deberá pasar por dos referéndum antes de entrar en vigencia. Si se llega a los referéndum, el gobierno confía en que el voto popular castigará a la derecha por su política de generar conflictos para obstruir el avance de la Constituyente. Morales también confía en su buena imagen internacional. En los referéndum constitucionales votarían por primera vez los residentes en el extranjero, quienes representan un tercio del nuevo padrón electoral. Pero más allá de cómo se apruebe, el gobierno deberá lidiar con la oposición regional a su nueva Constitución, que amenaza con acciones de sabotaje como el cierre de válvulas de gas a Brasil y Argentina y el corte de rutas en todo el país. Hoy seis de las nueve provincias bolivianas van a un paro cívico en contra del proyecto: Santa Cruz, Sucre, Cochabamba, Beni, Pando y Tarija. El vicepresidente Alvaro García Linera denunció el lunes que todo esto es parte de una confabulación golpista para derrocar al gobierno indigenista que encabeza Morales.

Mientras tanto, el gobierno busca una sede para sesionar y a por lo menos treinta representantes de la oposición que quieran hacerlo. Hasta el pasado fin de semana, sesionaron en el Liceo Militar 145 constituyentes, pero según la ley de Convocatoria se necesitan 170 votos para que la nueva Carta Magna evite el referéndum dirimidor de artículos en disenso.

Para bajar la tensión, Morales ordenó ayer que la policía vuelva a Sucre después del repliegue del domingo pasado. Antes de regresar, los policías exigen que les devuelvan sus armas y les den instalaciones para trabajar, ya que todas las que tenían fueron quemadas por estudiantes que buscaron, y lograron, impedir el funcionamiento de la Asamblea.

Pero, con policía o sin ella, Sucre no es una sede posible. Ayer la ciudad capital de Bolivia enterró a su tercer muerto del cruce entre ciudadanos y fuerzas del orden. La oposición, ampliamente mayoritaria en esta ciudad desde que surgió el conflicto por la capital, está promoviendo un juicio de responsabilidades en contra de Morales. También se promoverá un juicio contra el comandante local de la policía por las muertes y lesiones. La judicialización del conflicto es plena. Ayer los jefes policiales anunciaron que se querellarán contra los que quemaron sus edificios y los que asesinaron a uno de sus efectivos. Esto último ya no lo podrán hacer, porque el policía que supuestamente había sido degollado fue encontrado ayer en Potosí, con lesiones leves.

A esto se suma el cerco al Congreso protagonizado por los movimientos sociales afines a Morales. Al menos 8000 personas están en la Plaza Murillo para vigilar la aprobación de la Renta Dignidad (subsidio de vejez propuesto por el Presidente) y anunciaron una “guerra contra los partidos conservadores”. La oposición, encabezada por el ex presidente Jorge Quiroga, aseguró que esto es un cierre virtual del Congreso, porque no dejan ingresar a sus parlamentarios.

Los movimientos sociales se rieron de estas denuncias. El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Isaac Avalos, aseguró que los senadores opositores ni habían intentado ingresar y que cuando alguien quiere trabajar, lo hace en cualquier situación.

A estos problemas se suman la destitución del ministro de Agua, Abel Mamani, que fue despedido por Morales cuando aparecieron fotos del alteño en actitud sexual. El líder de la revuelta de 2003 y 2005 que acabó con los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, se había salvado de la destitución meses antes, cuando difundieron fotografías suyas posando con su secretaria en Roma, en un viaje que debió ser de trabajo.

Mamani salió a los medios a asegurar que se trataba de fotografías montadas y acusó a Sánchez de Lozada de ser el responsable. El nombre que más suena para reemplazarlo es el de otro dirigente alteño, Edgar Patana, que la semana pasada encabezó la llegada de sus paisanos a Sucre para vigilar la Asamblea Constituyente.